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Debería de ser una de las medidas estrella encaminadas a salvar vidas. La imprescindible alianza entre tecnología y Justicia para pelear contra la imparable lacra ... del terrorismo machista. Las pulseras GPS, los dispositivos que se implantan a condenados de malos tratos para comprobar que cumplen la orden de alejamiento (y desde 2023 también a autores de delitos sexuales) no son todo lo fiables que deberían. Ni tampoco el sistema de implantación es todo lo rápido que merecen delitos tan graves y alarmantes como los que se tratan de impedir. Lo dicen los propios jueces: «Hay que evitar la desprotección de las víctimas».
La frase está extraida de las conclusiones del encuentro celebrado hace unos días por presidentes de las Audiencias Provinciales de toda España, incluida la de Valencia, y difundidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Y en ellas se habla de fallos, errores y retrasos en la implantación de las pulseras telemáticas que se colocan a los condenados y con orden de alejamiento. Y por lo tanto, problemas en la protección del alrededor de 5.000 mujeres cuya integridad depende de esta medida en España, alrededor de 200 en la Comunitat, según los datos del Poder Judicial a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
«Solicitamos la ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa». Es una de las peticiones que realizan los jueces y hacen referencia a las centrales de una empresa de seguridad privada que, dependiente del Ministerio de Igualdad, realiza la «instalación y monitorización» de estas pulseras de control. Estos centros están conectados con «los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, operativos las 24 horas del día y los 365 días del año». Y la falta de técnicos en estos centros, según los jueces, provoca «dilaciones desde que se produce la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de los dispositivos de control telemáticos de proximidad», un periodo de desprotección para las víctimas.
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No es el único peligro en el sistema que denuncian los jueces. Las pulseras también presentan «fallos técnicos que provocan localizaciones erróneas» de los condenados respecto a la ubicación de sus víctimas. Eso impide también vigilar como es debido a las maltratadas. Se debe tanto a fallos técnicos de los dispositivos como a «manipulaciones de los investigados». Los magistrados de las Audiencias reclaman que se «revisen y corrijan las disfunciones».
Los problemas existen tanto en el control de condenados por delitos de malos tratos como los sexuales. No así con los presos en tercer grado, que lucen otras pulseras diferentes a las 'Cometa' y gestionadas por otra empresa de seguridad. Fuentes jurídicas señalan que los problemas no se dan tanto (o nada) con este tipo de pulseras, dirigidas a controlar el cumplimiento de la fase final de una condena de un procesado y que por lo tanto son menos manipuladas por los exreclusos, al ser medidas dirigidas a comprobar el cumplimiento de una pena y en cierto modo en su propio beneficio.
Los fallos con estos dispositivos no son nuevos, y sin embargo se sigue arrastrando el problema. Hace cinco años, LAS PROVINCIAS ya publicó que algunos jueces de la Comunitat estaban empezando a no dictar la medida de imponer la pulsera GPS por las disfunciones que causaba la medida y la poca fiabilidad de llevar a cabo el cumplimiento del alejamiento.
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