La falta de material Covid lleva ya a más de 1.300 médicos valencianos a pedir una indemnización

Tras las tres sentencias que condenan al departamento autonómico a hacer frente al pago de estas indemnizaciones, la formación sindical está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia establezca una resolución que unifique las cuantías a percibir por los médicos demandantes y, de esta forma, puedan avanzar otros siete procesos judiciales iniciados en estos y otros juzgados. Desde el gabinete jurídico de CESM-CV calculan que, si el procedimiento avanza según lo previsto, hasta otro millar de médicos más podría sumarse para reclamar el abono de estas compensaciones, como señala el responsable del citado servicio, Guillermo Llago.

Así, como viene recogiendo LAS PROVINCIAS, ya hay tres sentencias emitidas por juzgados de Alicante, Benidorm y Valencia que establecen que el departamento autonómico deberá indemnizar a 318 médicos, aunque todas ellas fueron recurridas por Sanidad, al entender que hizo todo lo posible por contar con este material de protección. El Sindicato Médico también presentó recurso ante las dos últimas al establecer compensaciones inferiores a las fijadas por el juzgado de Alicante. En concreto, el fallo judicial emitido por el juzgado de Alicante estableció indemnizaciones de entre 5.000 y 49.180 euros para 154 médicos; el de Benidorm fijó compensaciones de entre 2.000 y 6.000 euros para 57 facultativos; y el de Valencia unificó las indemnizaciones en 4.500 euros para cada uno de los 107 médicos representados.

Sobre estos recursos (tanto los de Sanidad como los de CESM-CV) deberá manifestarse el TSJ para que, de esta forma, puedan avanzar otros dos procesos pendientes en juzgados de Elche y Castellón y en los que están representados 91 médicos demandantes más. Estos cinco procesos podrían desembocar en que la conselleria tenga que desembolsar un montante cercano a los tres millones de euros en indemnizaciones. Además, y en este tiempo, CESM-CV ha iniciado otros cinco procedimientos judiciales en nombre de más facultativos, de ahí que la cifra total de profesionales demandantes podría rondar entre los 1.300 y los 1.400 especialistas, según los cálculos iniciales.

Los servicios jurídicos del Sindicato Médico de la Comunitat creen que el dictamen del TSJ se centrará en unificar las indemnizaciones, aunque también podría cambiar el sentido de las tres sentencias emitidas por las alegaciones de la conselleria, algo que consideran muy poco probable, pese a insistir tanto desde el departamento autonómico como desde Presidencia que la Administración hizo todo lo que pudo para dotarse de material de protección en un momento de carestía a nivel general.

Además, las actuales indemnizaciones sólo hacen referencia a los daños morales causados por tener que trabajar sin las adecuadas medidas de seguridad, por lo que los daños particulares que cada uno de los facultativos haya sufrido por este motivo (por ejemplo, los días de baja o las consecuencias físicas del contagio) deberán acordarse en procesos individuales.

Por último, el Sindicato Médico está luchando también para que se reconozcan los contagios y sus consecuencias como enfermedad profesional y esto sirva también para incrementar las compensaciones que reciban estos facultativos y que, con todo ello, alcanzarán y posiblemente superarán los tres millones de euros.

Guillermo Llago también ha sido el abogado defensor del personal facultativo en otros dos procedimientos contra decisiones adoptadas por la Conselleria de Sanidad. Por un lado, ha logrado que la Justicia condene al departamento autonómico por «discriminar» a los médicos del sector privado en el proceso de vacunación Covid, proceso impulsado por el Colegio de Médicos de Alicante. También ha defendido a la doctora María Ángeles Medina después de que la conselleria le abriera un expediente disciplinario por realizar unas declaraciones en un programa de televisión; procedimiento en el que el juez ha anulado la sanción. En ambos procedimientos se está a la espera de confirmar, como parece, que Sanidad no ha recurrido las decisiones judiciales, por lo que serían firmes.

1. Demandantes: 154

2. Indemnización: 5.000-49.180 euros

3. Total: 1.980.000 euros

1. Demandantes: 57

2. Indemnización: 2.000-6.000 euros

3. Total: 144.000 euros

1. Demandantes: 107

2. Indemnización: 4.500 euros

3. Total: 481.500 euros

1. Demandantes: 30

1. Demandantes: 61