La falta de medios, principal escollo para tramitar la renta mínima

La entrada en vigor del ingreso mínimo vital permitirá que 100.000 familias valencianas con un claro riesgo de pobreza puedan beneficiarse de una ayuda de entre 462 y 1.015 euros mensuales que comenzará a entregarse de facto en apenas 15 días. Tras una primera remesa para los más desfavorecidos en la que no será necesario ningún tipo de trámite, se activarán las solicitudes para el resto de posibles beneficiarios, que se realizará de forma presencial en los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Estos departamentos tendrán que compaginar en ese momento el trabajo habitual con decenas de miles de solicitudes y por ello se prevé que la falta de medios materiales y humanos suponga el principal escollo para la tramitación.

Tanto la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) como el sindicato CSIF coinciden en que es necesario reforzar las plantillas y para ello es necesario que el Gobierno central adjudique una partida específica ya que por el momento tan solo se ha dejado aumentar el gasto, un punto que parece insuficiente ya que el peso de la gestión sigue recayendo en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Rubén Alfaro, presidente de la FVMP y alcalde de Elda, aseguró ayer a este diario que la renta mínima «no se podrá hacer realidad si no nos dan una fórmula viable para llevarla a cabo« y apuntó de forma directa a »medios materiales y en especial humanos«. Alfaro, que respaldó en todo momento una medida que consideró necesaria, quiso incidir en que los ayuntamientos han demostrado en esta crisis que »son fundamentales para el Estado« ya que han ejecutado un gran número de medidas y por ello ven insuficiente que se flexibilice la regla de gasto para invertir los propios recursos en contrataciones. »Necesitamos una partida específica desde el Gobierno«, sentenció.

CSIF no dudó en avisar de la falta de medios con la que los trabajadores de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de la Comunitat Valenciana afrontan la gestión de esta política y destacó que los empleados públicos no han recibido manual de gestión ni de explicación de tramitación del ingreso mínimo. «Esa falta de información se extiende a instrucciones sobre todo el proceso. Del mismo modo, tampoco han tenido la oportunidad de realizar una formación específica para llevar a cabo este tipo de labor«, remarcó la central sindical. CSIF recalcó que a esa carencia de información para tramitar la gestión se suma la falta de medidas de prevención con el fin de evitar contagios.

La desinformación sobre este tema a nivel municipal por la falta de instrucciones desde el Gobierno también tiene lugar en las Diputaciones, que deberán gestionar los ingresos junto a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Desde las tres instituciones aún no se tiene constancia del procedimiento a seguir pese a que las primeras solicitudes arrancarán en pocos días.