La falta de personal se acentúa y conduce ya al colapso a 74 juzgados

Las quejas se repiten y pasan los años y no se arreglan, quedan enquistadas. «Como en informes anteriores...» Este es el leitmotiv que se encuentra una y otra vez en los informes que los jueces decanos han remitido al Tribunal Superior de Justicia para la confección de la memoria judicial del año 2020.

La situación no es nueva. Hace ya tres años LAS PROVINCIAS ponía el acento en estas carencias. En ese momento 54 órganos judiciales mostraban la necesidad de ser reforzados. 36 meses después, los departamentos afectados se han incrementado en un 35,1% hasta los 74, un dato que permite evidenciar que las cosas no han mejorado. Más bien lo contrario.

Estos 74 juzgados y órganos judiciales presentan carencias de personal tanto de magistrados como de funcionarios de distinto nivel. Es necesario, entre otros, personal de tramitación, en el registro civil, jueces de adscripción territorial (JAT), de apoyo y refuerzo.

La situación en los registros civiles es especialmente importante porque se ocupa de asuntos muy vinculados a la vida ordinaria de los ciudadanos. De él dependen para notificar los nacimientos, los fallecimientos o los duplicados vitales para llevar a cabo gestiones administrativas.

En Orihuela el decano resalta que «se considera urgente, imprescindible, el aumento de la plantilla de funcionarios el Registro Civil de modo permanente, puesto que se aprecia un déficit de medios personales».

Las llamadas de los decanos son apremiantes. «Es imprescindible para el buen funcionamiento de los Juzgados de este Partido Judicial». Esta frase aparece en el informe del decanato de Gandia pero es asimilable al resto. Las medidas no terminan de llegar y los problemas se dilatan en el tiempo.

El juzgado de Dénia, por poner un ejemplo, precisa que se mantenga el juez de refuerzo transversal en primera instancia. Además, carece de recursos suficientes en el registro civil donde se necesita un funcionario de auxilio y precisa de un tercer forense, entre otras demandas.

Uno de los grandes problemas en los que coinciden la práctica totalidad de los jueces decanos es que se tarda mucho tiempo en cubrir las bajas por enfermedad. Y este hecho genera problemas en el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales. Además, al margen de la tardanza en la sustitución, el personal que llega no está lo suficientemente preparado.

El decano de Llíria lo resume de forma clara y breve: «Procurar que la cobertura de las bajas y vacantes se produzca en todos los casos con celeridad, así como que las mismas sean cubiertas con personal de una mayor experiencia, formación y conocimientos informáticos». Porque a veces el proceso de sustitución se eterniza, lamentan en muchas ocasiones.

El titular de Ontinyent pone un ejemplo: «Particularmente sangrante es el caso del Juzgado número 4, cuya petición de funcionaria interina sustituta, ante la baja por enfermedad de una de las funcionarias de la Sección Civil, no ha sido proveída hasta transcurridos varios meses».

Las referencias a la pandemia son otra de las constantes en los informes ya que ha llegado a provocar graves problemas en el funcionamiento de la administración. El decano de Valencia lo resume de la siguiente manera: «la sobrecarga de trabajo que padecen los Juzgado habitualmente hace muy gravosa la sustitución profesional entre magistrados, situación que se ha visto agravada este año por las consecuencias sanitarias de la pandemia mundial».

Este año, el 2020, fue el del confinamiento. Hubo una disminución en los asuntos que entraron en los distintos juzgados pero ha tenido otras consecuencias como la afección sobre las plantillas y el aumento que se prevé de la litigiosidad. La influencia ha sido especialmente notable en el caso de los tribunales de lo Social.