La falta de personal bloquea 60.000 expedientes del ingreso mínimo vital en la Comunitat

El ingreso mínimo vital se aprobó en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. La medida equiparaba a España con muchos países europeos y prometía ser una herramienta eficaz para ayudar no solo a los colectivos tradicionalmente más desfavorecidos sino también a aquellos que por la crisis del coronavirus habían visto reducidos sus ingresos de forma drástica. Desde mediados de junio, el trámite ya se puede realizar pero un mes después se ha evidenciado que el sistema no estaba preparado para asumir una previsible avalancha de peticiones que ha desbordado al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), ya que los sindicatos calculan que solo en la Comunitat Valenciana se encuentran bloqueados unos 60.000 expedientes en unas oficinas que no dan a basto por la falta de personal. La ilusión inicial de miles de ciudadanos por percibir un subsidio de entre 462 y 1.015 euros por unidad familiar se ha convertido muchas veces en frustración al no tener ninguna noticia de la ayuda.

LAS PROVINCIAS ha contactado con varios valencianos que viven en su propia piel las dificultades de solicitar el ingreso mínimo vital y coinciden en que falta funcionarios que les pueda solucionar las dudas y acompañarles en el proceso. Y es que como recuerda Ana Belén Montero, secretaria de Política Social de CCOO en la Comunitat, «la plantilla de las oficinas de la Seguridad Social se ha reducido un 20% en los últimos años» y en la actualidad es una de las más envejecidas de toda la administración. Por ello, desde el sindicato reclaman refuerzos de personal e instan al Gobierno a desbloquear las 1.250 plazas que ha prometido que servirán para reforzar las sedes.

El déficit de trabajadores tiene un impacto directo en la atención y, tal y como recuerda Belén Vidal, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, «las plantillas están más que desbordadas». Esto lleva a situaciones como que el teléfono de las oficinas se encuentre totalmente colapsado día si día también, como denuncian los solicitantes de la ayuda, que además cuentan con la dificultad de que la tramitación tiene que ser electrónica. Los sindicatos advierten que muchos colectivos que optan a esta renta no cuentan con los medios necesarios para acceder o encuentran dificultades durante el proceso y por ello tratan de solicitar cita en la Seguridad Social para que lo tramiten junto a ellos, aunque sea de forma electrónica. «Muchos ciudadanos no tienen conocimientos para todo esto», admiten desde Cruz Roja, que han programado una serie de campañas para informar a personas que asisten de cómo pueden optar a la prestación.

Otro problema es que hacerse con una de esas citas en el INSS es una misión casi imposible y desde CSIF se incide en que algunos de sus afiliados les han comunicado que en cuanto se anuncian nuevas desaparecen en apenas 15 minutos. Además, desde la central sindical apuntan a la complejidad técnica del proceso como otro de los factores del colapso y destacan que un trabajador con experiencia en los primeros días solo podía realizar unos tres trámites diarios y que es una constante «que el programa colapse» y que se tengan que introducir una y otra vez los mismos datos en el sistema informático.

Todos estos escollos, que no son característicos de la Comunitat sino de toda España, provocan el tapón de más de 60.000 solicitudes en las tres provincias valencianas. Pero esto puedo ir a peor porque el número de peticiones va a continuar aumentando y la previsión del Gobierno es que 100.000 familias valencianas puedan beneficiarse de la ayuda a medio plazo. Además, la cifra será mucho mayor en los próximos meses ya que el Ejecutivo tiene claro que muchos tratarán de optar a la ayuda y la tramitarán pese a saber que pueden quedar fuera del programa, por lo que calculan que las solicitudes podrán ser más del triple que las que finalmente se concedan.

Este colapso administrativo llevará a que muchas personas tardes meses en poder percibir el ingreso mínimo vital. A día de hoy, el Gobierno solo ha confirmado que 9.232 familias valencianas han recibido los fondos, lo que supone en torno a un 10% de las que se aspira llegar. De ellas, 4.340 corresponden a unidades de convivencia de Valencia, 3.923 de Alicante y 963 de Castellón. Todas ellas se han entregado de oficio, es decir que no se ha tenido que hacer ningún trámite ya que el INSS tenía sus datos fiscales y ha evidenciado que apenas obtienen ingresos.

A todos estos problemas comunes de toda España se suma uno particular en la Comunita, las duplicidades que ha generado el ingreso mínimo con una iniciativa similar. El Consell aprobó la pasada legislatura la denominada renta valenciana de inclusión que, en esencia, es una prestación muy parecida a la nueva ayuda estatal pese a que llega a un número más limitado de ciudadanos. Esta situación ha provocado que durante las primeras semanas de puesta en funcionamiento de la medida impulsada por el Gobierno de España se hayan detectado duplicidades y por ello desde la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra se ha instado al Gobierno a aprobar cuanto antes un convenio para solucionar este déficit ya que el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico para tratar de evitar distorsiones se queda a mitad camino.

Esta misma semana Oltra realizó la petición de que se emprendan medidas desde Les Corts y admitió que es necesaria la iniciativa para «evitar que se generen duplicidades y colisiones» y que así la prestación valenciana pueda complementar a la estatal o incluso llegar a un número más amplio de ciudadanos. Pero desde el Gobierno central no parece que se vaya a atender la demanda por este cauce al considerar que ya se han emprendido acciones para revertir la situación. A preguntas de este diario, fuentes del ministerio de Inclusión subrayaron que se «ha desarrollado un protocolo por el que se traslada directamente todo lo que se le conceda a una unidad de convivencia para que las autonomías puedan ajustar sus cuantías» y que su puesta en marcha es inminente.

Alexandra terminó de cobrar la prestación por desempleo en mayo y, con un bebé de apenas unos meses y una hija de 11 años a su cargo, se alegró de la aprobación del ingreso mínimo. Pero la ilusión inicial se transformó en decepción ya que no tiene ninguna noticia de la ayuda. Al igual que miles de expedientes, el suyo se encuentra bloqueado y ni si quiera tiene constancia de que lo haya tramitado todo de forma correcta ya que lo realizó en su casa de forma electrónica. «Fui a la Seguridad Social y me encontré las puertas cerradas y tan solo había hojas informativas», remarca esta vecina de Alicante, que destaca que ha podido comprobar en primera persona «que los servicios están totalmente colapsados» cuando ha intentado llamar para que le ayudaran en el proceso. «Ahora mismo estoy resistiendo gracias a mi familia pero no se cuánto podré aguantar», sentencia.

Luisa Jiménez ha vivido una auténtica aventura para poder solicitar el ingreso mínimo vital. Esta madre castellonense, con una hija de siete años, asegura que desde el inicio del proceso toda la información ha sido confusa y que ha tenido que repetir una infinidad de pasos para poder tramitar una ayuda que ahora mismo se encuentra bloqueada. Luisa, que hasta este año solía trabajar en la playa, afirma que desde la Seguridad Social se le informó que no debía realizar ningún trámite ya que cobrarían la ayuda de oficio pero eso nunca sucedió. Entonces, tuvo que comenzar unas gestiones «casi infinitas» y volver a llamar una y otra vez a unas oficinas en las que le pedían que solicitara una cita previa que apunta que era imposible de conseguir. «Siempre que llamaba las líneas estaban ocupadas», subraya Luisa, que pudo formalizar tras mucho esfuerzo su solicitud, aunque se encuentra bloqueada.