La falta de personal obliga a atender en los centros a seis menores con sólo un técnico

Desde Comisiones Obreras se denuncia que en un centro de menores un educador se tiene que hacer cargo de seis residentes a la vez, una cifra que está en el límite e implica dificultades para el trabajador que tiene que atenderlo. Detrás de estas mermas de personal se esconde la falta de presupuesto de la administración para incrementar las plantillas, según ponen de relieve los sindicatos.

La situación del personal se puede agravar porque, según CCOO, la Conselleria de Servicios Sociales va a modificar a la baja el decreto de tipologías que dejó aprobado el Botánico y que incluía un incremento de personal en los centros lo que implicaba una reducción de ratios. Ahora se está a la espera de que el departamento que dirige Susana Camarero apruebe una reforma de este documento en la que el incremento de plantillas será menor, según indican desde el sindicato convocante de la huelga.

Antonio Ávila, representante de la sección de Infancia y Adolescencia de Comisiones Obreras, ha denunciado que 25 centros se encuentran en situación de resarcimiento. Es decir se les ha vencido el plazo de la licitación del contrato con la administración y están en situación de prórroga. Este es, según el sindicato, uno de los problemas más graves con el que se encuentran los trabajadores. Algunos llevan así desde 2018 y a la espera de que salgan las nuevas licitaciones para incrementar los sueldos y el coste de los suministros.

Esta cuestión es especialmente relevante ya que al prorrogarse los contratos y no salir uno nuevo, los salarios que están cobrando los trabajadores corresponden a los de 2018 (o al año en el que se firmó el contrato) con lo que calculan que se puede haber perdido un 20% de su capacidad adquisitiva. Lo mismo sucede con los suministros a los que tienen que hacer frente los centros (luz, comida, agua y otros gastos) que se están cobrando de la administración al precio de hace siete años pero las fundaciones o asociaciones que gestionan estos servicios tienen que pagar a los proveedores con costes de 2025. Por todo ello, desde el sindicato exigen una rápida solución a este problema.

Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores es la homologación de salarios. Es decir, que aquellos que ejercen su función en un centro concertado cobren lo mismo que los que están en el sector público. «Igual trabajo, igual salario», es el lema que maneja Antonio Ávila, representante de la sección de Infancia y Adolescencia de Comisiones Obreras quien señala que ya es hora de que se consiga la igualdad de los sueldos.

Desde CCOO recuerdan que ya ha habido tres acuerdos de homologación de salarios que datan de los años 2004, 2008 y el último es de 2022. Desde la formación sindical reclaman que se aplique de una vez por todas. Hay que tener en cuenta que las diferencias de sueldo entre un trabajador del sector público y otro del concertado puede ser hasta de 500 euros.

Por otro lado, consideran que los recursos son insuficientes en muchos de los casos. En este sentido, desde CCOO denuncian que tienen que prestar el servicio con la misma calidad pero con menos medios, explican desde el sindicato.

Otro de los problemas es la saturación de algunos centros, especialmente los de protección social que se dedican a atender a menores cuyas familias no se pueden hacer cargo de ellos por el motivo que fuera. Aunque, desde el sindicato señalan que pese a que en todos los servicios sociales se trabaja por encima de la capacidad de los dispositivos no es un problema especialmente grave.

Desde el sindicato UGT se han desmarcado de la convocatoria. Señalan que han alcanzado un acuerdo con la vicepresidenta primera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, «por el cual la administración se compromete a dotar a los Servicios Sociales de la financiación suficiente en los próximos años para garantizar la aplicación de los acuerdos salariales pendientes y su mejora».

Ante este compromiso, la formación ha decidido dar marcha atrás. «Para ello, la Conselleria de Servicios Sociales abrirá un espacio de diálogo de forma inminente entre organizaciones sindicales y patronales con el objeto de concretar un acuerdo de financiación de los centros, programas y servicios de gestión indirecta del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para el periodo 2025-2030. Este acuerdo garantizará, una vez alcanzado, la aplicación efectiva de incrementos salariales y la estabilidad financiera de las entidades», han subrayado.

Por otro lado, indican que a propuesta de la UGT, la vicepresidencia se ha comprometido «a iniciar en el presente año la tramitación de los expedientes de licitación de los contratos públicos caducados en todos los sectores».

Tras las reuniones mantenidas los últimos días, la administración ha aceptado la sugerencia del sindicato UGT de incluir en la agenda de esta legislatura la tramitación de una propuesta de Ley de la Acción Concertada, que permita la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica del modelo de concertación en la Comunitat Valenciana para los próximos años y que abra la vía del pago delegado.

Por otro lado, desde la Conselleria de Servicios Sociales ha propuesto a los sindicatos, y que ha aceptado UGT, un plan de financiación para 2025-2030. Fuentes de este departamento señalan que han hecho frente desde el minuto cero a los problemas existentes en los servicios sociales con el pago de una deuda de más de 215 millones de euros. Esto se suma a la actualización del IPC acumulado de dos años, con un incremento del 8,8% en la partida de la acción concertada«.

Además, se ha iniciado «la tramitación de los expedientes de licitación de los contratos públicos caducados, que en algunos casos se encuentran en enriquecimiento injusto desde hace años y el compromiso de este Consell es actualizar todos los contratos en el menor tiempo posible. Así, ya se ha iniciado la licitación de los Centros Mujer y continuaremos con la de los centros de mayores y el resto de sectores».