La falta de profesores y aulas frena la vuelta a clase con la mitad de alumnos

La comunidad educativa valenciana ha recibido con sorpresa y escepticismo la intención del Ministerio de Educación de iniciar el próximo curso escolar con una reducción de la ratio por aula hasta un máximo de quince alumnos por clase. La falta de aulas y la dificultad para ampliar las plantillas pueden ser dos graves inconvenientes para su puesta en marcha,

La ministra de Educación, Isabel Celaá, señaló el lunes en una entrevista que el ministerio está estudiando la posibilidad de reducir la ratio y establecer además un modelo mixto online y presencial el próximo curso en el caso de que no haya una vacuna efectiva.

La propuesta cobra fuerza después de que ayer Fernando Simón, en su comparecencia diaria para explicar la evolución de la pandemia, calificara de correcta la posibilidad de una vuelta al colegio con aulas a la mitad del aforo. Además, consideró conveniente que los niños fueran vigilados para que mantengan la distancia social y no se produzcan nuevos brotes de contagio de coronavirus.

Desde el ministerio señalaron a EFE que están estudiando con las comunidades autónomas cómo organizar la vuelta a clase en septiembre «guardando las imprescindibles medidas de seguridad sanitaria» en el caso de que no pueda haber grupos de más de 15 alumnos por aula.

La Conselleria de Educación declinó, en este sentido, comentar el proyecto del ministerio y optó por marcar ciertas distancias. Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà señalaron que en primer lugar habría que esperar a que se publiquen las medidas concretas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hay que aplicar en el periodo de desescalada.

El hecho es que la Conselleria de Educación, según se ha podido comprobar con diversas fuentes, se encuentra trabajando con el objetivo de que el comienzo del próximo curso implique la vuelta a clase de todo el alumnado.

Mientras, la comunidad educativa valenciana no comparte la posición del ministerio. Padres, centros, profesores y sindicatos consideran que la medida conlleva problemas que la hacen prácticamente inviable. Los distintos implicados ponen distintos argumentos en contra encima de la mesa, pero es sobre todo la falta de unas instalaciones adecuadas y la necesidad de contratar a más docentes lo que más complica su puesta en marcha,

Desde FSIE consideraron que la puesta en práctica de esta medida conllevaría un incremento de al menos el 8% de la plantilla de los centros concertados. El sindicato CSIF calificó la medida de una nueva improvisación del ministerio y reclama un plan nacional para el próximo curso.

El presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), Alberto Villanueva, sostuvo que la reducción de la ratio conllevaría un incremento de las plantillas y ampliación de las instalaciones con un sobrecoste que en estos momentos no es asumible.

Vicenta Rodríguez, secretaria general de Escuelas Católicas, mantuvo una posición similar: «No es factible» y además subrayó los inconvenientes pedagógicos que conlleva aplicar un sistema como el propuesto por la ministra.

Desde la l'Associació de Directores i Directors d'Infantil i Primària del País Valencià (ADIP-PV), su presidente, Ginés Pérez, señaló que el anuncio de la ministra les había sorprendido porque se estaba trabajando en una vuelta a las clases normales y apuntó que la propuesta tendría que ser mucho más concreta para ver cómo se organiza. Recordó que en cualquier caso la última palabra la tiene la Conselleria de Educación que es quien tiene las competencias.

Los padres pusieron encima de la mesa otro argumento: La conciliación. ¿Qué hacer con los niños si los padres trabajan?. En este sentido se manifestó la presidenta de la Confederación Valenciana de Apas (Covapa), Sonia Terrero. Celia Chavero, presidenta de la Federación Valenciana de Familias Numerosas (Fanucova), abogó por una solución que no vaya en contra de la economía de las familias.

Luis Gamón, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos Fcapa), también incidió en que la última palabra la tiene la Conselleria de Educación, no el Ministerio, ya que las competencias están transferidas y apuntó los problemas que generará en la conciliación familiar.

Las universidades se plantean una medida similar, según La Vanguardia, y estudian limitar el aforo hasta un 25% en las primeras fases y luego hasta un 50% y reducir los horarios presenciales el próximo curso.

Por otro lado, los docentes, agrupados en la central STES, rechazaron ayer que una parte minoritaria del alumnado vuelva a las aulas este último trimestre de curso «durante solo cuatro semanas y después de más de dos meses de confinamiento» por el «enorme esfuerzo organizativo y sanitario» que supone.

Desde el sindicato FSIE aseguraron que «nos parece imposible una vuelta a los centros en los niveles de 0 a 6 años por ser inviable la más mínima aplicación de medidas básicas de seguridad, en este caso promovida por el Gobierno».

El sindicato CSIF también rechazó el regreso de algunos alumnos a las aulas este tercer trimestre de curso, y apostó por la vuelta en septiembre y ha pedido que «se planifique ya con plenas garantías de seguridad y evitando la improvisación».