La falta de refuerzos en la Audiencia genera un atasco de los asuntos de familia

Las carencias son generales -afectan tanto a Penal como a Civil- pero el escrito enviado recientemente por la presidenta de la Audiencia, Esther Rojo, al Poder Judicial pone especial énfasis en la sección Décima, la que se encarga de resolver las cuestiones de familia. Son asuntos sensibles, con especial incidencia en las relaciones de padres y madres con sus hijos como pensiones y régimen de visitas. También se abordan materias relacionadas con la violencia de género. De ahí la urgencia de los afectados por obtener un pronunciamiento definitivo de la Justicia.

Esta sección, compuesta por cuatro magistrados, no recibe un refuerzo desde 2014, subraya el dosier. Más de una década con el mismo número de profesionales, lo que ha llevado a que la resolución de los expedientes se retrase. De hecho, en los últimos cuatro años (2018-2022), los expedientes pendientes de resolver se han disparado un 170%. En concreto, de 381 a 1.032 a mediados de 2022, los últimos datos disponibles.

La presidenta Rojo reclama un magistrado más para esta sección, que ha visto cómo la carga de trabajo se situaba por encima del 130% del módulo recomendado por el Poder Judicial. Y eso teniendo en cuenta que el año 2020 apenas computa en las estadísticas por los efectos del Covid.

Los diferentes informes consideran «imprescindible y prioritaria» la incorporación de un nuevo magistrado. Pero, además, sostienen la necesidad de otra sección de Civil -no se crea una desde hace más de 20 años- para afrontar el previsible incremento de asuntos tras una reforma legal.

El panorama de las secciones penales no difiere en exceso de las civiles respecto a esa «deficiencia estructural». Los tribunales de Penal padecen idéntica necesidad de refuerzos. En su caso, además, agravada por la celebración de macrojuicios que ralentizan el funcionamiento ordinario. Los más recientes han sido los de Imelsa -llevamos ya tres piezas juzgadas- o el denominado caso Alquería, la investigación a Jorge Rodríguez por la contratación irregular de directivos.