La mitad de los refuerzos prometidos para mayores y discapacitados siguen pendientes

«Es totalmente inadmisible que los 500 nuevos puestos de trabajo que iban a crearse el 1 de julio estén llegando con cuentagotas, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades y la carga de trabajo actuales». Al sindicato CSIF no le ha sentado nada bien que la Generalitat no haya cumplido totalmente con el compromiso adquirido para reforzar la atención a los colectivos más desfavorecidos, como son los mayores, los discapacitados o los dependientes dado que, tres meses después, se han incorporado menos de la mitad de los refuerzos previstos.

En concreto, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas había programado que el pasado 1 de julio se incorporaran a distintos servicios del departamento 503 nuevos técnicos. Estos especialistas, en su inmensa mayoría, se iban a destinar a «atender las demandas y necesidades de los ciudadanos», a tareas como la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial en dependencia, la tramitación y el pago de la Renta Valenciana de Inclusión, la agilización de la emisión de los certificados de discapacidad -un documento imprescindible para que las personas con diversidad funcional puedan acceder a beneficios como mejoras fiscales-, o a la atención directa de las personas mayores en las residencias, según detallaron en su momento desde el departamento que dirige Mónica Oltra. Sin embargo, tres meses después, sólo alrededor de 230 de estos refuerzos -menos de la mitad de los prometidos- se han incorporado ya o está previsto que lo hagan próximamente.

Como ya recogió LAS PROVINCIAS, desde la Conselleria de Hacienda argumentaron las dificultades que tiene el Gobierno autonómico para, de una tacada, incrementar la plantilla en medio millar de personas. Apuntaron a la necesidad de cumplir el déficit, a la monitorización mensual que el Gobierno central realiza de la situación financiera de la Comunitat, y a las restricciones impuestas por el anterior Ejecutivo nacional para no dar respuestas a las compromisos de Oltra, de ahí que las incorporaciones se vayan haciendo de forma escalonada.

Especialmente sangrante es la situación de las residencias de ancianos públicas. El presupuesto de Igualdad preveía la creación de 96 plazas para residencias públicas -que se traduce en la incorporación de nuevos trabajadores-, de las que Hacienda sólo autorizó 88 en septiembre. «Ya se ha solicitado la cobertura; las bolsas de trabajo están convocadas y ahora, desde Función Pública, se está llamando a los profesionales y ofreciéndoles la plaza». Sin embargo, según fuentes del CSIF, estos trámites todavía se alargarán al menos un mes por lo que, será difícil que los refuerzos lleguen antes de noviembre, con cuatro meses de demora. Desde Igualdad concretaron que, «como Hacienda no ha autorizado todas las plazas, se ha priorizado aquellas que suponen una atención directa a las personas mayores», como los auxiliares de enfermería.

La falta de estos refuerzos prometidos ha provocado distintas protestas en las residencias de ancianos públicas, la última de ellas la protagonizada por trabajadores y usuarios de la residencia de mayores Mariola de Alcoy. Hace unos meses fue el turno de los empleados de los centros de Borriana y Lledó, en Castellón; mientras que en la de Torrevieja acumulan un año sin contar con ningún médico.

Los problemas que arrastran las residencias de mayores públicas se verían paliados, en parte, con la incorporación de los refuerzos, pero no solucionados. Desde el CSIF apuntan que la «gran carga de trabajo» que en la actualidad sufren los profesionales de estos centros origina «numerosas bajas por incapacidad laboral, lo que conlleva un gasto añadido para la Administración».

Así, desde la formación sindical también lamentan el retraso en el abono de nóminas correspondientes a la realización de turnos, noches y festivos a los trabajadores de centros asistenciales, así como la ralentización para resolver expedientes «y todas aquellas tareas relacionadas con el trabajo administrativo que deben llevar a cabo el personal que presta servicios en las direcciones generales y territoriales» de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, según lamentaron desde el CSIF.

La vicepresidenta autonómica de la formación sindical, María del Carmen Navarro, recordó que los profesionales de estas residencias llevan desde 2008, hace ya una década, reclamando un incremento del personal. De hecho, desde CSIF calculan que sería necesario aumentar las plantillas entre el 15 y el 30% para dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población. Navarro, además, indicó que las residencias de Mariola, en Alcoy, y la de Torrevieja son las que más necesitan estos refuerzos, por lo que no comprende por qué no han sido las instalaciones en las que la conselleria haya priorizado la incorporación de más profesionales. También destacó la necesidad de reforzar el ámbito de los menores o la diversidad funcional.