Las familias afectadas por la dana podrán participar en la consulta lingüística desde cualquier colegio

La catástrofe derivada de la dana ya provocó un cambio en los plazos, puede debía haberse organizado entre noviembre y diciembre. Y ahora, teniendo en cuenta que el proceso es telemático, a través de una página web oficial de la Generalitat, se corría el riesgo de lesionar el derecho de participación de las familias afectadas. Por ejemplo, por haber perdido los dispositivos informáticos o por sufrir problemas de suministro eléctrico o de conexión a internet. O por haber cambiado de residencia habitual y no disponer de los medios necesarios para hacerlo.

Tal y como explican fuentes del departamento autonómico, en estos casos se podrá realizar el trámite en cualquier centro público o concertado que se encuentre próximo a su domicilio. Hay que tener en cuenta que todas las escuelas deben habilitar un equipo informático para permitir la participación de las familias de sus alumnos matriculados que no tengan los conocimientos necesarios (sean técnicos o de comunicación) o medios propios. Ahora, con este añadido, también podrá ser utilizado por cualquier afectado por la dana. Entran dentro de esta consideración los 78 municipios recogidos en el real decreto-ley de medidas urgentes vigente desde el pasado noviembre, y esta potestad se incluirá en una disposición adicional de la orden reguladora del proceso, que todavía está en tramitación.

El borrador normativo acaba de pasar por la fase de consulta pública, en la que particulares y asociaciones han podido presentar aportaciones. Y se ha batido un récord, pues se han presentado 4.145 alegaciones fruto de la campaña impulsada por diferentes organizaciones contrarias tanto a este procedimiento como a la Ley por la que se regula la libertad educativa, de la que emana. Entre estas están el sindicato STEPV, Fampa Valencia, Escola Valenciana o Familias pel Valencià. Los modelos de alegaciones que diseñaron estas dos últimas entidades destacan, pues están especialmente repetidos.

Todas las propuestas han sido desestimadas, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría pedía la retirada de la consulta, algo que la administración no puede hacer porque se deriva de la citada ley, que debe cumplir. También se han presentado aportaciones que recogían argumentos contrarios a la norma marco (lo que escapa del objeto del borrador de la orden, que se limita a regular un proceso), que planteaban cuál debía ser la lengua de enseñanza predominante (el valenciano, y la respuesta de la administración es la misma que en el caso anterior) o que se referían a cuestiones que ya están previstas.

Del informe elaborado por la Dirección General de Ordenación Educativa se desprende que único punto en común con las miles de aportaciones tiene que ver con las que planteaban la anulación de la consulta por las dificultades para los afectados por la dana (25 de ellas). Educación no lo hará, lógicamente, pero sí introducirá la citada disposición adicional para garantizar la participación de cualquier familia.

Por su parte, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha defendido este jueves la organización de la consulta a través de un comunicado. Aunque no alude ni a la fase de participación pública ni a las críticas vertidas en los últimos días por las organizaciones contrarias, sus declaraciones son una clara respuesta a las mismas.

«No hay mayor ejercicio de libertad que dar voz y voto a las familias. Y el resultado de la consulta será lo que ellas decidan, no hay más», ha indicado Rovira, antes de destacar que servirá para aplicar «un sistema equilibrado», pues «la diferencia entre la lengua base elegida y las asignaturas que se impartan en la otra oficial será de un 20%». Además, ha contrapuesto el nuevo modelo con el anterior (del Botánico), basado en «imposiciones». El conseller ha recordado, asimismo, que la obligación de la administración «es cumplir con la aplicación de las leyes».

La participación en la consulta -basta con que vote un sólo progenitor- es importante, pues no hacerlo implicará que el niño sea adscrito de oficio en la clase en la que queden plazas libres, por lo que se corre el riesgo de que no sea la que se corresponde con la preferencia de los padres.

Cabe recordar que el procedimiento no permite elegir la lengua mayoritaria -no es una barra libre- sino optar a ser adscrito a un programa lingüístico que coincida con la opción deseada. Y es que en los centros con dos o más líneas educativas (la mayoría) es muy probable que haya grupos con el valenciano como base junto a otros que tengan el castellano, algo bastante sencillo pues sólo se necesita, en el peor de los casos, un 25% de votos en una de las opciones para que exista esta dualidad. Por tanto, no se podrá cumplir completamente con la preferencia del 75% restante, por lo que se aplicará una especie de baremo, similar al de la admisión de alumnos, para determinar cómo se distribuye el alumnado entre una clase u otra.

En cuanto a las fechas, fuentes de Educación ha defendido que todavía hay margen para que la consulta se pueda organizar a finales de enero, como estaba previsto, si bien se está a la espera de recibir el informe de la Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu, lo que permitirá su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Por su parte, desde Compromís se daba este jueves por sentado que no se llegará a tiempo y que el retraso provocará «caos» de cara al proceso de admisión de alumnos del próximo curso.