Las familias de la concertada cargan contra la medida: «Es ideológica, incoherente y discriminatoria»

El borrador de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción impulsada en el Congreso, que se deriva del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos, fue muy criticado ayer por los representantes de las familias que escolarizan a sus hijos en la red concertada valenciana. Además, vincularon el texto, que deja fuera a este modelo de las inversiones educativas necesarias para paliar los efectos de la crisis sanitaria, con las premisas que recogerá la futura ley Celaá que avanza en su tramitación parlamentaria y que es rechazada frontalmente por todo el sector al considerar que pretende limitar el peso de los conciertos.

«La idea es incoherente. Por un lado se insiste en defender una educación inclusiva en la que todos los alumnos, independientemente de su situación socioeconómica, tengan las mismas oportunidades. Y ahora, cuando nos encontramos en un escenario crítico, se plantea un incremento de los recursos sólo para la red pública, como si no hubiera alumnos de la concertada que necesitan becas, dispositivos electrónicos o conexiones a internet», lamentó José Antonio Rodríguez, presidente de Concapa CV. «Dan por supuesto que estos estudiantes sólo están en la enseñanza pública», dijo.

«Cuando se lee el conjunto de las propuestas -también se habla de potenciar la gratuidad en el primer ciclo de Infantil dejando fuera al sector privado y concertado- se evidencia que no es ni más ni menos que trasladar el proyecto de ley educativa que pretende un modelo único para todos», apostilló.

En cualquier caso Rodríguez mostró su convencimiento de que la conselleria, teniendo en cuenta que las competencias educativas están transferidas a las autonomías, no aplicará la diferenciación en caso de aprobarse el texto. «Entiendo que habrá sentido común y se tendrá en cuenta la realidad, más allá de estos documentos que no dejan de ser ideológicos, incoherentes, discriminatorios y muy poco sociales», sentenció.

En un sentido similar se pronunció Luis Gamón, presidente de la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa). «Es posible que se rectifique el documento, pero nos traslada una señal de cuál es el espíritu de los partidos del Gobierno, que tanto tiene que ver con la futura ley», dijo.

«Es una pena que se haga política con estas diferenciaciones en la actual situación de pandemia, de ruina y de enfermedad, cuando en realidad las dos redes son complementarias. No es de recibo, ni democrático, que se quieran aplicar estas discriminaciones hacia un modelo que representa al 25% de los centros de enseñanza, con alumnado de todo tipo», sentenció.

También se pronunciaron las organizaciones que representan a los centros valencianos, aunque se mostraron confiadas en que la declaración de intenciones del acuerdo no será asumida en la Comunitat atendiendo a los antecedentes.

«La Conselleria de Educación nos ha hecho saber en diferentes foros que los fondos para la reconstrucción serán para las redes pública y concertada», defendió Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). «Estamos convencidos de que actuarán como lo han estado haciendo desde marzo», insistió, en referencia a que las inversiones extraordinarias impulsadas en los meses previos para la distribución de tablets o de material sanitario no han entendido de diferencias entre titularidades de centros.

La postura de la otra patronal es similar. «La administración valenciana se ha comprometido a que la concertada también recibirá ayudas», dijo Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la Comunitat, refiriéndose al reparto de los fondos para la adaptación del inicio del curso (unos 200 millones para la Comunitat). «Se ha hablado de una distribución equitativa y hasta el momento no ha existido ninguna discriminación. Y tenemos el compromiso del conseller de que se seguirá en esta línea», concluyó.

A nivel nacional las reacciones patronales subieron en intensidad. Escuelas Católicas denunció que «se discrimina a las familias que eligen la concertada» y que «se trata de hundir a un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia, consolidando el tono absolutista de Podemos». También se refirieron a que «se introducen cuestiones ideológicas ajenas» a la crisis sanitaria, tal y como recogió Europa Press.

Además, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) también mostró su rechazo vía comunicado. «No entendemos cómo desde los poderes públicos se puede pretender que la recuperación educativa tras la pandemia pase sólo por la educación pública», rezaba. «El PSOE y Podemos olvidan que una gran parte de familias también confiaron en ellos, y ahora sentirán una profunda decepción porque se excluye a sus hijos de los fondos públicos», se añadió, antes de criticar «el uso ideológico» de estas inversiones.