Las familias deberán preguntar a sus hijos en qué lengua quieren estudiar

El documento incluye algunos cambios respecto al que debía regir la fallida consulta inicial. Por ejemplo, deja claro que las familias, antes de participar, deben preguntar a sus hijos para conocer su opinión sobre qué lengua prefieren. También define qué sucederá con el alumnado repetidor, se plantea la opción de desdoblar aulas para casar la oferta de plazas con las preferencias familiares o se matiza cómo se organizarán los centros rurales en caso de que se junten diferentes niveles en las mismas clases.

En cuanto a la opinión del alumno (votan las familias desde 2º de Infantil hasta 3º de la ESO), no es un capricho de la administración, sino que la idea se recoge en la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia que aprobó en 2018 el Consell del Botánico. «Con carácter previo a la participación en la consulta los representantes legales deberán informar al alumnado para que sea oído y escuchado», dice el borrador. Se le puede explicar el proceso, informarle y recabar su opinión, lo que lógicamente no quita que la decisión final sea del adulto.

Por lo que respecta a los estudiantes que repitan curso, «tendrán derecho a ser adscritos a la lengua base que les corresponda, en función de la elección de sus representantes legales y los criterios de prelación correspondientes». Es decir, los padres elegirán antes de que se conozcan los resultados de la evaluación, y si hay plazas suficientes en la opción deseada, se le matriculará en ese grupo. En caso contrario, todo dependerá de los puntos que se sumen en la baremación.

El procedimiento ideado por Educación tiene en cuenta que para los centros con dos o más líneas pueden convivir dos programas lingüísticos, de manera que una tenga el castellano como base y en la otra sea el valenciano. De hecho será habitual, pues basta con que una de las opciones consiga un 25% de votos para que exista esta dualidad en escuelas de dos líneas. O menos en los que tengan más. Por tanto, habrá familias que no dispondrán de plaza en la opción preferida.

La idea se entiende mejor con un ejemplo. Con 50 alumnos en 1º de Primaria (25 por clase), 13 padres (el 26%) votan por el valenciano y 37 (74%) por el castellano. Por tanto, se aplicarán los dos programas lingüísticos (uno en cada grupo). Para los primeros no habrá problema al quedar adscritos al que coincide con la preferencia (caben 25 niños), pero entre los segundos será necesario priorizar, pues sólo entran otros 25. Los 12 restantes se quedarán en el aula que prioriza el valenciano, pese a no ser la opción de sus progenitores.

Para determinarlo se ha establecido un procedimiento de prelación, a imagen y semejanza de la admisión de alumnos, pues consistirá en una baremación en función de los puntos conseguidos. Contará el tener hermanos en el centro, la proximidad (vivir en el área de influencia, que es todo el municipio con el distrito único, o en la limítrofe), la tipología familiar (numerosa o monoparental) o situaciones de discapacidad.

El borrador de la orden incluye una novedad para tratar de paliar el hecho de que haya familias que tengan que conformarse con la opción no elegida, pues recoge que los centros, «en virtud de su autonomía pedagógica, podrán organizar los recursos humanos adicionales de que dispongan en su plantilla para desdoblar determinadas áreas y materias, a fin de tender a que todo el alumnado pueda cursar sus enseñanzas en la lengua base elegida por sus representantes legales».

Siguiendo con el ejemplo anterior, podrán dividir la clase, de manera que esos 12 estudiantes reciban alguna asignatura más en castellano mientras sus 13 compañeros lo hacen en valenciano. Así el porcentaje de horas lectivas recibido en español se podrá aproximar, si no llegar o superar, a la mitad del total semanal. Eso sí, siempre que se cuente con personal adicional, por ejemplo, a través del Plan de Actuación para la Mejora. O si hay profesionales que dispongan de horas lectivas libres y puedan asumir estas clases.

Por otro lado, hay que señalar que participar en la consulta no es obligatorio, aunque no votar implicará que el estudiante sea adscrito de oficio por parte del centro en el grupo en el que queden plazas libres si se configura un doble programa. Basta con que lo haga un solo progenitor. Y si lo hacen ambos, pero con opciones diferentes, el voto se anulará.