Familias y directores apoyan que se restrinja el uso de los móviles en los colegios e institutos

Así se desprende del sondeo realizado por LAS PROVINCIAS entre las confederaciones de Ampas y los representantes de centros y de equipos directivos, a los que se les ha preguntado por la posibilidad de que la administración prohíba normativamente la utilización de teléfonos en las instalaciones escolares, siguiendo los pasos de comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, que sólo permiten su utilización con fines pedagógicos.

Además, es una recomendación que suscriben entidades como Save the Children, Unicef, la Fundación Anar o la Agencia Española de Protección de Datos, en el sentido de que al menos se contribuye a reducir la exposición a pantallas y los riesgos de seguridad o ciberacoso. Como informó este periódico, el Consell se ha mostrado abierto a plantear el debate y a hablar sobre la cuestión con los diferentes agentes de la comunidad educativa.

«Consideramos que los móviles no tendrían que llevarse a los centros, ni para uso educativo. Es la administración la que debe dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para su aprendizaje, incluidas las digitales, convenientemente adaptadas», señala Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa). «Así evitaríamos los malos usos, que es donde está el problema, o lo que pasa ahora, que aunque un centro establezca en sus normas internas que está prohibido al final se llevan, se utilizan mal y la problemática se traslada a las escuelas», añade.

Una postura similar traslada José Antonio Rodríguez, presidente de Concapa CV, con especial implantación en la enseñanza concertada. «Hay muchos estudios que alertan de la cantidad de horas que nuestros alumnos están delante de una pantalla, y entendemos que no aporta nada que lo lleven», apunta, justo después de destacar que la función pedagógica suele estar cubierta mediante tablets. «Y si hay una necesidad de comunicación urgente, tanto el centro como la familia tienen vías de contacto», recuerda.

Rubén Pacheco, que preside la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, pide que el tema se aborde en la Mesa de Padres y en el Consejo Escolar, órganos que todavía no ha convocado la nueva conselleria. «Sería importantísimo que tratáramos las cuestiones de política educativa, esta y otras, con la seriedad que se requiere», señala. Sobre los móviles, considera «necesario establecer de una vez una normativa estable y firme, y no estamos hablando de una prohibición taxativa ni por supuesto de permisividad, sino de que es preciso que los centros, familias y alumnos sepan a lo que ceñirse en lugar de que cada uno vea cómo solucionar sus casuísticas», continúa. Por último, resalta la importancia de evitar cualquier tipo de desigualdad en los usos pedagógicos, bien porque un alumno carezca de recursos para tener un móvil o porque su familia haya decidido que no lo lleva al centro.

«Yo apostaría a que la inmensa mayoría de los centros ya lo tiene prohibido en las normas de régimen interno», reflexiona Toni González, que preside la Asociación de Directores de Institutos (ADIES PV). En una primera valoración se resiste a restar esta competencia de la autonomía de los centros, en el sentido de que la regulación la aprueba tanto el claustro como el consejo escolar. Aunque también reconoce que una prohibición general evitaría dolores de cabeza, como que se busquen responsabilidades (por parte de familias o alumnos) a los equipos directivos cuando aplican medidas disciplinarias. «Incluiría una derivada en este debate. Si en los centros tenemos la garantía de que cualquier alumno va a disponer de las herramientas necesarias, como una tablet o un portátil y con una conexión eficaz, probablemente podamos empezar a hablar de una prohibición general», comenta.

Más tajante se muestra Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas y directora de centro. «Los móviles en horario lectivo no se necesitan», señala, justo antes de apoyar la existencia de una regulación general, coincidiendo con la idea de que contribuiría a reducir los malos usos. «Por ejemplo, hay alumnos que no tienen la percepción del riesgo de determinadas acciones, como una grabación sin consentimiento o la distribución de imágenes», añade Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia y también director, que apuesta por regulaciones que sólo permitan las vertientes pedagógicas.