Familias tildan de «coacción» el fin de la exención del valenciano en la selectividad

El alumnado castellanoparlante que tenga reconocida la exención de la asignatura de Valenciano en la ESO y Bachillerato, y por tanto su evaluación no le cuenta para la nota final de la etapa, no podrá a partir de 2027 evitar la prueba de Lengua Valenciana que forma parte de la selectividad tras el cambio normativo aprobado por la Conselleria de Universidades.

La medida no ha gustado entre las asociaciones de madres y padres de las comarcas afectadas, que consideran que se busca presionar para que cada vez sean menos las familias que se acojan a esta prerrogativa que afecta a las etapas preuniversitarias y que se desprende de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

«No saben cómo atacar el derecho que tenemos reconocido y por ello han modificado una norma que pretende obligar a los alumnos a examinarse, de manera que el que se acoja a la exención (de la asignatura) en Bachillerato se arriesga a que le baje la nota de acceso en la selectividad al tener que hacer la prueba», lamentan desde la plataforma de Ampas Vega Baja, que aglutina a buena parte de las asociaciones de los centros educativos públicos de la comarca.

«Nuestros alumnos no llegan a tener los mismos conocimientos que los de zonas valencianoparlantes, y esta medida va a perjudicar especialmente a los que más dificultades tienen», añaden, antes de tildar el cambio de «coacción» e «imposición», en el sentido de que se persigue que cada vez haya menos peticiones de exención de la asignatura. «Puede que haya gente que renuncie, pero también que aumente el rechazo a sus políticas», dicen.

«Les interesa más aplicar su ideología que el mejor aprendizaje para los alumnos y que puedan labrarse su futuro», tercia Julián Navarro, presidente de la Federación de Ampas Gabriel Miró de la provincia de Alicante.

También cuestiona la interpretación que hace la administración de la Ley de Uso. «Debería decidirlo un juez», sentencia. Y es que en la justificación de la nueva normativa -una orden de marzo- se alega que la legislación sólo ampara la exención de cursar la asignatura en etapas previas, pero no el esquivarla en una prueba de acceso. «Sentimos que nos están desterrando. Al final habrá familias castellanoparlantes que acabarán yéndose a otras zonas para que sus hijos se puedan presentar a la selectividad sin desventajas, pues el castellanoparlante lo tendrá más complicado», dice.

También se pronuncia la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística. «De modo fraudulento publican normas contrarias al ordenamiento vigente como la ley de Plurilingüismo -cuya implantación también justifica la orden- las mezclan con normas sobre regulación universitaria y de su propia trampa deducen que en 2026 se acaba un derecho por incompatible», critican. «Estamos en el reino de la arbitrariedad jurídica y del derecho de autor, dirigido a someter a unos fines identitarios a toda la población sin importar los sacrificios, entre los cuales está el sistema educativo y los alumnos», sentencia.

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