Las familias valencianas que abanderan la lucha contra las pantallas en los colegios

La asociación se constituyó en septiembre de 2023, al calor del movimiento de familias que, organizadas a través de redes sociales, clamaban por una regulación centrada en el uso del móvil. Y hace aproximadamente un mes fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.

«Nosotros vamos más allá de la cuestión de los móviles -en la Comunitat ya están limitados desde principios de mes-, pues nuestro foco se centra en el uso de las pantallas para estudiar y aprender. Y no abogamos por prohibir, sino por una utilización sana, segura y bien planteada», defiende el valenciano Gil María Campos, presidente de Desempantallados.

De hecho son muchas las familias de la Comunitat que se han integrado en la asociación, que en realidad tiene vocación estatal, y que con su presión han conseguido que en los últimos cursos se dé marcha atrás en los planes de digitalización en algunos centros concertados.

La misión de la asociación, explican en un comunicado, «es fomentar en la etapa escolar la formación integral de niños y adolescentes, incluyendo el conocimiento y las competencias necesarias, entre ellas las digitales», eliminando el «descontrol» que se ha generado en los últimos años. Una situación, defienden, «que ha afectado negativamente a la rigurosidad del currículo, la seguridad y la salud de los estudiantes». La nota señala que está integrada por familias cuyos hijos están escolarizados en colegios de congregaciones como Fomento, Educare, Agustinos, Jesús-María, Escolapias o Claretianos, «así como otros centros públicos y privados de diferentes ciudades españolas».

«En la última década se ha obligado a las familias a la compra o alquiler de un terminal informático de uso individual por parte de los alumnos, eliminando el estudio en libros de texto, que quedaban relegados a un uso minoritario para materias de menor peso», se insiste, antes de señalar que la «sobreexposición a las pantallas y al ámbito digital ha conllevado problemas graves en la formación». Se refieren por ejemplo al «descenso generalizado en los conocimientos sobre ortografía, redacción y comprensión lectora», a cuestiones relacionadas con la salud psicosocial «al fomentar una mayor interacción digital con sus iguales y menos presencial», a problemas de dependencia de los dispositivos y de consumo de contenidos inadecuados, «a la exposición a la inseguridad cibernética y el ciberacoso», a un mayor sedentarismo y obesidad o a un incremento de la conflictividad en la familia.

 

Desempantallados, tras coordinarse con expertos en especialidades como psiquiatría infantil, pedagogía, programación, ciberseguridad o psicología, concluye que «existe un problema de salud pública, además del educativo, que atañe a la sociedad española en general». Y que aunque la digitalización en los centros buscaba «mejorar la oferta educativa», se ha desarrollado «sin un marco pedagógico y siendo las empresas tecnológicas y las editoriales las que marcaron el camino, relegando el aprendizaje de las materias base a un segundo plano».

De ahí que, en línea con la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, la asociación plantee doce propuestas «que permiten la formación en competencias digitales de forma segura y sana». Son las que se han trasladado tanto a la Generalitat como al Gobierno de la comunidad de Madrid.

Por ejemplo, se reclama que en todos los centros «la base de la educación sea con libros de texto en papel» o que la introducción de los dispositivos se haga «atendiendo al estado madurativo del menor y a sus necesidades educativas especiales», y nunca antes de los 14 años. Es decir, «a partir del momento en que están establecidos los procesos básicos pedagógicos de comprensión lectora, escritura, expresión verbal y el razonamiento abstracto».

También se pide que los centros sean los propietarios de las tablets y ordenadores y que su uso sea exclusivo del aula, evitando la obligación de adquirirlos por parte de las familias. En cuanto a su utilización, se limitará «al desarrollo de las competencias digitales reconocidas por la UE y la administración pública», sin sustituir aquellas tareas «que se resuelvan de manera más adecuada de forma analógica, como estudiar, leer, rellenar fichas o hacer dibujos». Gil María Campos lo resume así: «Ver un vídeo no es una competencia digital». Además, su uso no podrá exceder el 20% de la jornada escolar y siempre los emplearán profesionales acreditados para ello.

Garantizar un entorno seguro, con un acceso limitado a páginas aptas a la edad del alumno, el cumplimiento de la normativa de protección de datos, la creación de un contrato de uso responsable entre centros, familias y estudiantes, que se informe previamente del plan digital a las familias en aras de facilitar la elección de centro o la validación previa de aplicaciones por parte de la administración educativa son otras de las medidas planteadas.