A. Pedroche
Martes, 13 de junio 2023, 00:40
El pasado mes de febrero se aprobó una nueva ley reguladora de la protección de aquellas personas que deciden denunciar la corrupción de las entidades públicas y luchar así contra la corrupción. Según la Agencia Valenciana Antifraude, esta nueva ley es el resultado de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1937 de protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como Directiva Whistleblower. Entre las novedades que recoge destaca la necesidad de que cada entidad cree un Sistema Interno de Información (SII), que es la denominación que se le ha dado a los buzones o canales de denuncia, a través de los cuales se realizan las denuncias y la recepción de información que puede ser constitutivo de incumplimientos del ordenamiento jurídico.
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Antifraude asesora y ayuda a las entidades públicas que lo soliciten a poner en marcha estos sistemas internos de información mediante un protocolo ya reglamentado y siendo la propia Agencia quien facilita toda la tecnología necesaria para el desarrollo de estos canales o buzones de denuncia de manera gratuita.
Por ahora se han firmado más de 70 convenios y protocolos, algunos de ellos desde grandes administraciones como por ejemplo la Diputación de Castellón o el propio Ayuntamiento de Valencia. También otras entidades más pequeñas, como el Ayuntamiento de La Yesa de apenas 120 habitantes, han puesto en marcha esta iniciativa.
Según la ley, cada administración debe nombrar un responsable físico o a un organo colegiado como responsable de la gestión del Sistema Interno de Información así como del procedimiento a seguir. Tanto el nombramiento como el cese de estos responsables deberán ser notificados en el plazo de diez días hábiles a la autoridad u órgano competente, que en el caso de la Comunitat Valenciana, es la Agencia Valenciana Antifraude.
De esta manera, la Agencia ha creado el Registro de Responsables de Sistemas Internos de Información (RRSII) en el que se centralizarán tanto los nombramientos como los ceses de estos responsables llevando una gestión actualizada de los datos. El plazo para la creación de los Sistemas Internos de Información en el caso de las administraciones públicas finaliza el próximo 13 de junio excepto para aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes cuyo plazo se amplía hasta el 1 de diciembre.
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