Feministas valencianas piden a Consumo la abolición de la pornografía en internet

Más de 50 mujeres, a través de la plataforma Front Abolicionista del País Valencià que representa a cerca de 40 asociaciones feministas de toda la Comunitat Valenciana, entregaron esta mañana a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, un escrito dirigido al Ministerio de Consumo donde solicitan la abolición o, en su defecto, regulación de la pornografía en internet al considerar que este contenido fomenta la cultura de la violación y de la explotación sexual.

«Somos el primer país en el consumo de prostitución y encabezamos las listas de consumo pornográfico a través de la publicidad y las páginas web», destaca Pepa Seguí, portavoz del Front. Según un estudio de las universidades de Baleares y de Santiago de Compostela, 9 de cada 10 hombres de 18 a 26 años cree que la pornografía es fiel a la sexualidad real, y 2 de cada 3 que no tiene ningún efecto negativo.

Sin embargo, según Cèlia Chofré Rico, «estamos comprobando cómo nuestros niños visualizan cada vez a una edad más temprana prácticas de incesto, castigo, asfixia, violaciones grupales y daños físicos con penetraciones múltiples muy dolorosas y dilataciones extremas de ano y vagina». Por tanto, entre las diferentes medidas, proponen que esos contenidos no puedan ser accesibles a menores o que las miles de plataformas pornográficas no puedan operar con impunidad en Internet. Ponen el ejemplo de la web Pornohub, a la que la justicia canadiense obligó a retirar más de 6 millones de vídeos con contenido delictivo: abuso de menores, violaciones reales, proxenetismo, grabaciones sin consentimiento. Por lo tanto, afirman, «si hay voluntad política es posible atajar esta situación».

Desde el Front Abolicionista entienden que la pornografía refuerza la violencia hacia las mujeres, naturaliza la masculinidad hegemónica, la cosificación y el proxenetismo. Destacan en su escrito dirigido al Ministerio que «las mal llamadas 'actrices' de la pornografía son captadas en entornos de vulnerabilidad, pobreza, familias desestructuradas y con adicciones». De hecho, está constatado que la mayor parte de las mujeres que participan en vídeos porno están en situación de prostitución, amenazas, coacción y abuso.

Recuerdan al Gobierno que España está adherido a la Carta de Derechos Humanos, comprometido por los convenios internacionales contra todas las discriminaciones hacia las mujeres y ha aprobado leyes contra la violencia de género, por la protección de la infancia o contra la trata. Por ello exigen al Ministerio de Consumo que impulse «de manera urgente» iniciativas legislativas que conduzcan a la eliminación de la publicidad y las páginas web de contenido pornográfico.