La fiebre por estudiar Magisterio continúa a la espera del 'MIR educativo' que anunció el Gobierno

Sería una especie de 'MIR educativo' pero a la inversa, en el sentido de que a la formación sanitaria especializada se accede al acabar el grado de Medicina, mientras que en este caso la 'barrera' se situaría como paso previo al ingreso. Aunque hay universidades que han avanzado en este sentido, desde el Gobierno se lanzó una propuesta general, para toda España, que data de enero de 2022. Todavía está por concretar, y fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría explican que próximamente se presentará un calendario de trabajo para avanzar, con la intención de tener listo un acuerdo a lo largo de la legislatura.

La cifra de estudiantes señalada se refiere a las matrículas en las carreras de Magisterio (Infantil y Primaria), que suman 11.658 alumnos, y a las de del máster que permite ejercer en enseñanzas de Secundaria y de FP (3.742). Sólo incluye a universidades presenciales -seis de las ocho de la Comunitat ofrecen estos estudios- y como suele ser habitual en estas explotaciones estadísticas, el dato se limita al ejercicio anterior, no al actual.

En cualquier caso, si se compara con el publicado en ediciones anteriores del informe se concluye que nunca hasta la fecha se había alcanzado semejante volumen de futuros docentes. Sólo se le acercan los registros del 2013-2014 (15.379) y del 2017-2018 (15.237). En este escenario influye, por un lado, el tirón de los estudios -al menos uno de los grados figura siempre entre los más solicitados como primera opción en las universidades-; y por el otro, la evolución de la oferta, que en el caso valenciano ha crecido especialmente en las privadas, con nuevas autorizaciones o con la implantación de dobles titulaciones.

Si la cifra se pone en contexto llama todavía más la atención. La valenciana es la tercera comunidad con más matriculados, sólo por detrás de Andalucía y de Madrid pero por delante de Cataluña. Algo extraño por una cuestión demográfica y también de dimensión de los sistemas universitarios, aunque se puede explicar en que la comunidad vecina ya aplica pruebas específicas de aptitud, pues se adelantó a la propuesta que lanzó el Gobierno.

Además, los 15.400 futuros docentes equivalen al 23% de toda la plantilla de la red pública valenciana (66.376), y suponen una cifra similar a la de profesionales que trabajan en aulas concertadas (15.804), recurriendo, en estos últimos casos, a datos del presente curso.

En cuanto a los titulados, los que ya estarían en disposición de ejercer tras los estudios de formación inicial, el informe refleja que son 5.115, la mayoría de ellos -2.759- del máster. Por comparar, ninguna de las últimas oposiciones ejecutadas, sean para maestros o para profesores de Secundaria y otros cuerpos, han llegado a semejantes cifras. Tampoco sucederá con la prevista para el próximo verano. Es cierto que la función pública no es la única salida laboral de los docentes, aunque sí es la principal.

En enero de 2022, el ministerio, para cumplir con lo dispuesto en la Lomloe, lanzó un documento de trabajo con 24 propuestas para la mejora de la profesión docente, incluyendo las citadas pruebas específicas de ingreso. La intención era negociarlo con los agentes educativos para perfilar una nueva regulación normativa.

En la introducción ya se apuntaba al «gran desajuste entre el número de alumnos de estudios universitarios específicamente orientados a la docencia y la oferta de puestos de trabajo». Las cifras utilizadas señalaban que en el ejercicio 2019-2020, a nivel estatal, titularon 29.499 maestros frente a las casi 12.000 plazas vacantes por jubilación (37.262 frente a casi 11.000 en el caso del máster). Previamente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas o el Consejo Escolar del Estado ya habían advertido del desajuste entre oferta y demanda.

Las pruebas de ingreso referidas en la propuesta ministerial deberían servir para «evaluar la competencia comunicativa, el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática» de los aspirantes, además de incluir «aspectos referidos a actitudes y competencias» recogidas en un nuevo marco que también se tiene que diseñar. Algo así como las destrezas que debe reunir un buen profesional de la educación. Lo mismo se planteaba para el máster, añadiendo además algún sistema para garantizar que se dominan las áreas de conocimiento y las materias adscritas a las diferentes especialidades docentes, mucho más variadas que en el caso de los maestros.

Otras medidas pasaban por reformular los planes de estudios (por ejemplo, incluyendo más carga lectiva de didáctica), cambiar los sistemas de acceso (las oposiciones, tomando como referencia el citado marco de competencias), mejorar el sistema de prácticas o incentivar los buenos desempeños.

Fuentes del ministerio explican a LAS PROVINCIAS que la reforma de la profesión docente, «uno de los objetivos de la legislatura», es «compleja» al involucrar «a muchas instituciones y organizaciones, lo que requiere de diálogo, negociación y acuerdos». Además, señalan que ya se está avanzando de la mano del departamento de Ciencia, Innovación y Universidades «en los cambios en la formación de los futuros docentes», y que «próximamente» se retomarán las negociaciones con las organizaciones sindicales (de la pública y de la concertada), «a las que se planteará un calendario de trabajo, incluyendo la constitución de comisiones técnicas cuya función será determinar fórmulas que mejoren las condiciones del desempeño docente».

Por su parte, desde ANPE, el sindicato mayoritario a nivel estatal, aunque se reconocen «tímidos avances» en relación a los planes de estudios universitarios, se alerta de que en el resto de aspectos propuestos no se ha adelantado «nada» en términos de negociación, en palabras de Ramón Izquierdo, responsable de Acción Sindical. «Se presentaron las propuestas cumplido justo un año de la entrada en vigor de la Lomloe, pero nada más, ni en las mesas de negociación ni en el Consejo Escolar del Estado», explica.

A juicio de la organización, la futura negociación debería desembocar en «un marco común para todo el Estado que regule unas condiciones laborales idénticas para todo el profesorado, así como una carrera profesional bien definida, con incentivos y que permita progresar en diferentes estadios». «Los países que ya la han aplicado despuntan en los informes PISA», concluye Izquierdo.