Más de 180.000 multas sin cobrar del Covid en la Comunitat Valenciana

Como resultado de los incumplimientos, los cuerpos policiales implicados (tanto estatales, como municipales y autonómicos) habían elevado a la Generalitat hasta principios de esta semana algo más de 240.000 propuestas de sanción a valencianos por incumplir medidas para frenar la pandemia, la inmensa mayoría por no llevar mascarilla.

Así lo han expuesto fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por LAS PROVINCIAS. Según las cifras más actuales sobre el estado de las multas del Covid, de esa gigantesca bolsa de infracciones detectadas se ha iniciado el trámite de casi 128.000 expedientes sancionadores y han finalizado sólo 62.000. Es decir, hay cerca de 180.000 sin cobrar.

¿Cuánto han pagado los valencianos por sus imprudencias ante la normativa sanitaria autonómica? El ingreso a las arcas públicas por el pago de multas asciende a casi 2,2 millones de euros, de acuerdo con las mismas fuentes. No aclara Justicia cuál va a ser el destino exacto de ese dinero, si revertirá en cuestiones relacionadas con la lucha contra el Covid o sencillamente irá a parar, sin más, a los fondos públicos autonómicos. Puede parecer una cantidad elevada, pero no lo es tanto si lo comparamos con el valor total de las más de 240.000 propuestas de sanción elevadas a la Generalitat. No lo cuantifica el departamento autonómico pero podría ser superior a los 14,2 millones (siete veces mayor al dinero ya ingresado), teniendo en cuenta que la multa más leve es de 60 euros.

Desde su inicio, la evolución de las sanciones del Covid ha estado lastrada por un tremendo problema de personal para tramitar semejante volumen de multas. La labor recayó, en principio, sobre los cuatro funcionarios del servicio de espectáculos y establecimientos públicos de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias.

Se vieron inmensamente sobrepasados y hubo que ampliar hasta 52 el personal. Esos eran, al menos, los que lidiaban con el alud de multas en julio del año pasado, según Justicia.

Como avanzó este diario en septiembre, ya por esas fechas el desequilibrio entre cantidad de multas y capacidad de trámite hizo que algunas prescribieran. La caducidad de las sanciones es una posibilidad que viene recogida en el decreto del régimen sancionador. Su artículo 8 detalla, textualmente: «Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en seis meses» y «el plazo de prescripción comenzará a contar desde el día de la comisión del hecho».

En esta cuestión la Conselleria de Justicia mantiene una gran opacidad. Ni entonces ni ahora cuantifican la cantidad de multas que han prescrito. Sólo precisaron por esas fechas que algunas de las que habían caducado eran sanciones por infracciones leves y que las más graves no iban a quedar impunes. La inmensa mayoría de las multas impuestas en la región, un 96%, son por no llevar mascarilla o por un mal uso de la protección.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant apeló el jueves a la tranquilidad, a la «normalidad» y a un «uso responsable» de las mascarillas cuando dejen de ser obligatorias en espacios interiores a partir del 20 de abril.

«Siempre que creamos que sea necesario, no hay nada más que sacarla y ponérsela», estimó Morant, «pero en términos generales pasamos a una nueva fase que permite una mayor flexibilidad», apostillo en una entrevista a la cadena radiofónica SER Valencia.

El fin de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios interiores tiene su letra pequeña. Y habrá algunos espacios donde seguirá siendo obligatorio llevarla, bien por la mayor vulnerabilidad de algunas personas o por la imposibilidad práctica de mantener la distancia de seguridad.

Uno de los entornos en el que tendremos que seguir con la protección son los edificios sanitarios, ya sean hospitales, centros de salud o consultas. También hay que continuar con la mascarilla puesta en el transporte público, donde las aglomeraciones son más frecuentes y la ventilación más complicada. De igual manera, los visitantes de personas en residencias deberán portarla para evitar contagios a los mayores.

La situación actual de la pandemia sí permite retirarla en tiendas, negocios de hostelería, supermercados, museos, grandes superficies comerciales, gimnasios y espacios semejantes. Ahí es la prudencia de cada cual la que tiene la última palabra.