![Mavi Mestre: «Sin financiación es imposible aplicar la ley Castells»](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202110/08/media/cortadas/1441539661-Rn6TYEp9kwEIG45xfPIk2SL-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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Mavi Mestre fue una de las voces críticas en el último Consejo de Universidades, en el que los rectores se mostraron contrariados con el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), popularmente conocida como ley Castells. El ministro se comprometió a revisar algunos aspectos, ... y recogerá cambios en la gobernanza y la participación, pero mantiene las exigencias sobre la estabilidad de las plantillas sin el correspondiente apoyo económico. Por si fuera poco para las universidades públicas valencianas, que llevan años peleando por un marco de financiación autonómico digno, ahora se suma la LOSU.
-El curso ha arrancado con presencialidad total. ¿Síntoma de nueva normalidad?
-Sí. Satisface ver a los estudiantes en las aulas o el ambiente en las puertas de las facultades. Y ha tenido muy buena aceptación entre la comunidad universitaria. La vacunación ha sido clave. Las universidades vamos a colaborar vacunando al máximo número de personas, por ejemplo, a las que vengan de fuera, o de países con tasas más bajas. Lo hemos dicho y lo reiteramos: los campus son seguros.
-¿Por qué el protocolo de la Generalitat no fija una distancia mínima en las aulas, más allá de señalar que debe ser la máxima posible?
-En la reunión que mantuvimos con el Consell nos planteamos que si queríamos recuperar la presencialidad como la teníamos antes debíamos renunciar a esa distancia. Habrá aulas donde podrá haber más y en otras menos. Lo importante, como nos trasladan las autoridades sanitarias, es la ventilación, la calidad del aire y la mascarilla. Eso nos protege junto a la vacunación. Era necesario recuperar la presencialidad con un margen de seguridad. Los alumnos matriculados en 3º no han tenido ningún curso de presencialidad total. La formación educa y capacita. Pero la convivencia y las relaciones sociales también. Había que recuperarlas.
-¿Conocen las universidades alguna concreción del modelo de financiación plurianual que está diseñando el Consell?
-No tenemos el borrador, y se está retrasando muchísimo. El plan plurianual es inaplazable. Las universidades, un año más a estas alturas, estamos a la espera de cuál va a ser nuestro presupuesto, y así no se puede hacer ninguna planificación de infraestructuras o de plantilla a cuatro o cinco años vista. Es muy triste. No tenemos ningún avance sobre las cuestiones estructurales que forman parte de cualquier modelo, como las que la Generalitat pone sobre la mesa cuando pide una mejor financiación autonómica. Por ejemplo, tener en cuenta la población, que en nuestro caso serían los créditos matriculados, o la dispersión, los campus para nosotros. Hay universidades que tienen uno. Nosotros tenemos cuatro y el centro de Gandia.
-¿Qué criterios considera básicos la Universitat? Es decir, que deben contemplarse sí o sí en el futuro modelo.
-El número de estudiantes y también la experimentalidad de las titulaciones, que no se ha revisado en más de 15 años. Han cambiado el tipo de laboratorios o las prácticas. Hay que tenerlo en cuenta para dotarnos de mejores recursos. También la dispersión por campus y el patrimonio histórico. No es lo mismo una universidad de 521 años que otra de 30. Y la nueva financiación debería contemplar también el impacto del convenio colectivo. Es inadmisible que no se firme tras el preacuerdo de 2019, pues mejora sustancialmente las condiciones del personal laboral. Las universidades hemos hecho cálculos. Consideramos que la Generalitat debería incorporar un mínimo de 120 millones adicionales sobre lo que tenemos ahora (en las transferencias ordinarias) para que podamos alcanzar los retos que plantea Europa y la sociedad. Llevamos muchos años de perder, perder y perder, con una financiación de 2009 pese a estar en 2021. Sin esa cantidad sobre la mesa no podremos tener una financiación adecuada.
-Tienen un problema de envejecimiento de la plantilla. ¿También se palía con financiación?
-Tenemos departamentos donde el 100% del personal tiene más de 60 años, y algunos con todos con 65 o más. En cinco años como máximo se jubilarán. Esto requiere un esfuerzo adicional para poder sacar plazas y que las nuevas incorporaciones vayan haciendo carrera académica. Y esto también requiere financiación, y que la tasa de reposición nos lo permita. Con el Personal de Administración y Servicios (PAS) sucede igual. Hubo momentos en que la tasa era del 0%. De todos los que se jubilaban no recuperábamos ninguna plaza. Ahora estamos en el 110%, pero no compensa la pérdida de todo este tiempo. Necesitamos facilitar la carrera académica y potenciar los programas propios de personal investigador en formación.
-¿Cómo les afecta tener un nivel de financiación similar al de hace una década?
-En el capítulo de personal nos limita la creación de plazas de ayudante doctor, las que inician la carrera académica. En cuanto a las infraestructuras también nos impide planificar. Tenemos edificios antiguos que necesitan una remodelación. Por ejemplo, actualizar el sistema de climatización en una facultad grande son varios millones. En Tarongers necesitamos un nuevo aulario. Hay carreras como las de Magisterio que han pasado de tres a cuatro años y matriculan a muchos estudiantes. En Derecho ha pasado con Criminología, y hemos implantado, pese a ser contenidos, dobles titulaciones o másteres para títulos que no tenían continuidad. Este problema también se da en el campus de Burjassot.
-¿Qué opinión le merece la futura ley Castells?
-El anteproyecto no atiende a los problemas centrales que las universidades públicas tenemos, como la falta de financiación o la eliminación de la tasa de reposición. Sé que la financiación proviene de las comunidades, pero el Gobierno tiene que financiarlas bien. Y si la aplicación de la ley conlleva un coste adicional, tiene fórmulas para diseñar un plan económico específico para su desarrollo. Sin financiación es imposible aplicar esta ley. Y sin eliminar la tasa de reposición. Plantea que en cinco años la temporalidad no rebase el 20%. Claro que lo quiero, y que los profesores tengan una previsión de promoción. Pero es imposible en cinco años o en diez. Pedimos que se elimine la tasa y nos den una financiación adecuada para sacar plazas estables para el profesorado. Y en nuestro caso, la falta de convenio colectivo lo dificulta más.
-¿En qué sentido?
-La figura que tenemos para atender todas las necesidades es la de profesor asociado, no tenemos la de profesor sustituto, como en otras universidades y que se prevé en el convenio. Aliviaría el número de contratos temporales. Por ejemplo, la Universitat exporta cargos, y es positivo, significa que formamos buenos políticos. Pero para sustituir a ese docente necesitamos tres asociados, cuando con un sustituto bastaría.
-El año que viene hay elecciones. ¿Volverá a presentarse?
-Sí claro. Cuatro años se quedan cortos para desarrollar los proyectos. Y ojalá tengamos ese plan de financiación que nos permita hacer esa planificación de plantillas y de infraestructuras, desde el conocimiento que tenemos de lo que necesita la universidad y desde la cogobernanza con decanos y directores. Mantengo la ilusión tras esta etapa tan dura en la que la comunidad universitaria ha respondido tan bien. Hemos demostrado que éramos capaces de adaptarnos a una situación nueva, y nadie se ha quedado atrás.
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