El Consell mejora la financiación de las universidades públicas tras los recelos de los rectores

El pleno del Consell ha autorizado la distribución de 36 millones de euros entre las universidades públicas de la Comunitat Valenciana para compensar costes derivados de normativas estatales y autonómicas que son de obligada aplicación por parte de las instituciones.

La cuantía es la más elevada de los últimos años. El pasado ejercicio se alcanzaron los 24, pese a que desde los rectorados siempre han reclamado una transferencia mayor para poder cumplir con todas las obligaciones sobrevenidas. Es decir, con los costes que provoca el cumplimiento de estas regulaciones externas (de otras administraciones públicas) que al fin y al cabo influyen en el balance de gastos, ya sean del capítulo de personal (mejoras retributivas por complementos de investigación por ejemplo) o relacionados con exenciones especiales en el abono de las tasas de estudio, pues los centros no son compensados por la Generalitat pese a que el beneficiario no debe pagarlas, a diferencia de lo que sí sucede con los alumnos becados.

Tal y como explica el Consell en un comunicado, la línea presupuestaria está incluida en los presupuestos de 2021 y los costes a cubrir «vienen determinados en la memoria económica justificativa aportada por cada universidad». La de València percibirá 11,63 millones, la Politècnica 9,6, la de Alicante 7,05, la Jaume I de Castellón 4,31 y la Miguel Hernández de Elche 3,37. Es importante precisar que esta financiación es distinta a las transferencias ordinarias para cubrir el funcionamiento diario de las instituciones, que se eleva este año a 755,55 millones a repartir entre las cinco, una cuantía similar a la de hace una década.

La mejora en la asignación extraordinaria (un 50% más que en 2020) sirve para aplacar las críticas continuas de los rectores por los problemas de financiación, cuya mejora a través de un nuevo plan plurianual ha sido una reivindicación constante desde que el sistema aprobado en 2010 se quedara durmiendo el sueño de los justos por la anterior crisis económica.

La exigencia -recordada una vez más hace unas semanas por la portavoz de los rectores, Mavi Mestre, y que se deslizó en todos los actos de apertura del curso- no sólo se refiere al nuevo sistema, cuyo primer borrador se conocerá este verano, sino también a los costes derivados de normativas ajenas, a las necesidades de planificación de ofertas formativas (como sucede con Veterinaria en la Universitat), para cumplir con los planes de renovación de infraestructuras o incluso para poder fijar retribuciones adicionales para el personal en función de determinados objetivos.

El proyecto de presupuestos para este año no contempló esta línea específica, lo que generó incertidumbre entre las universidades, que ya en años anteriores tuvieron que presionar (incluso con críticas públicas) para aumentar esta partida. Finalmente se añadió a través de una enmienda de presentada por los partidos del Botánico.