La fiscal concluye que la empresa inyectó en Castor más gas del autorizado

Tras once sesiones, el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón declaró este lunes el juicio del caso Castor visto para sentencia. El Ministerio Fiscal y las partes expusieron las mismas calificaciones jurídicas que al inicio del contencioso, con la única modificación de la fiscal que rebajó el delito al eliminar el agravante de «riesgo catastrófico».

Así, la fiscal y la acusación particular se ratificaron en los delitos medioambientales cometidos por los directivos de la empresa promotora del yacimiento de gas Castor en la costa de Vinaròs (Escal UGS S.L.) y la propia mercantil en el proceso de inyección, así como en las responsabilidad civil por los daños morales provocados a los 123 afectados que se han presentado como acusación particular a través de la plataforma Aplaca.

Para la fiscal queda acreditado que Escal incumplió los reales decretos de autorización de la actividad, al no realizarse en los términos establecidos al inyectar más gas del autorizado, en concreto 8 millones de metros cúbicos diarios, los días 5 y 6 de septiembre de 2013, cuando lo autorizado era 6 millones. Además, consideró que la mercantil ocultó información «relevante», al no transmitir al Ministerio las incertidumbres e incógnitas que el Observatorio del Ebro les había trasladado, ni la recomendación de paralizar la inyección. «No se informó de manera clara y era una información relevante, por lo que debe de aplicarse el tipo de gravamen de ocultación de información».Sobre la responsabilidad civil, la representante del Ministerio Fiscal aseguró que es «incuestionable» que la situación afectó «a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y a la calidad de vida de los ciudadanos y el peligro es grave porque las poblaciones y los afectados fueron muchos. Afectó a su vida diaria de manera sustancial», subrayó.

Recordó que del relato de los testigos queda acreditado que hay una relación causa-efecto entre los terremotos y los daños provocados en las viviendas, así como el miedo que sufrieron. «Sus declaraciones no pueden ser devaluadas por las pruebas periciales y por el hecho de que algunos testigos que han tenido daños no han reclamado », concluyó.

La abogada de BCV Lex, en representación de la acusación particular, la asociación de afectados Aplaca también dejó claro que ha quedado contrastada la relación de los terremotos con la actividad industrial de Castor, así como que se debió evaluar la peligrosidad sísmica.

La letrada dijo haber quedado probado que la monitorización por parte de Escal en esos días fue «insuficiente y poco eficaz», además de que no informaron al Observatorio del Ebro, que era la encargada de realizar este control, de que iban a inyectar gas en esos días, lo que demuestra que no existió ningún protocolo de peligrosidad.La abogada de la acusación particular volvió a defender la legitimación de Aplaca en su personación en este juicio y reiteró los daños morales que se les causó a sus defendidos. Daños morales sobre los que han presentado pruebas a pesar de que, según la jurisprudencia, no hay obligación de demostrarlos.

Los tres letrados de los acusados pidieron la libre absolución al considerar que ni la Fiscal ni la Acusación Particular han presentado pruebas de cargo contra sus defendidos. A la Fiscal le reprocharon ofrecer un «relato fáctico y prefijado» y de no aportar ninguna prueba sólida.

Exculpan a sus defendidos, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, como presidente y consejero delegado, respectivamente, al considerar que queda acreditado que no son ellos quienes toman las decisiones más relevantes y se escudan en que la empresa cuenta con una organización operativa con personal cualificado y experto y que nada les indujo a tener alguna duda del trabajo de esas personas.

Niegan ocultación de información y avalan la actuación de Escal que califican de «responsable, prudente y adecuada a esa fase de inyección» y que lo hizo «desde el minuto uno».

El defensor de la mercantil se centró en desmontar la acusación de la Fiscal de incumplimiento. Indicó que la cifra es un máximo y que se puede sobrepasar y que la empresa promotora adoptó la medida «eficaz», bajando el caudal de inyección y «proporcionada» aplicando un sistema de semáforos de riesgo que no existía entonces. Asimismo negó cualquier interés económico que le hubiera llevado a acelerar el proceso de inyección.

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