El fiscal pide cuatro años de cárcel en el primer juicio por la muerte del usuario de un patinete

La Ciudad de la Justicia acogerá esta semana el primer juicio por la muerte de un usuario de un patinete eléctrico, modalidad de transporte que se ha disparado especialmente en las ciudades durante los últimos años. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al conductor de una motocicleta que mientras circulaba bajo los efectos del alcohol arrolló el vehículo eléctrico. La víctima, un joven de 20 años, fue trasladado todavía con vida a un centro hospitalario. Falleció días más tarde. El accidente tuvo lugar en el término municipal de Carpesa, en abril del pasado año. La instrucción del asunto ha sido ciertamente rápida.

Antonio L. P. será juzgado a menos que reconozca su culpabilidad y acepte los hechos antes de la vista. La Fiscalía, al margen de la pena de prisión, le reclama unos 150.000 euros de indemnización a repartir para la madre del fallecido, sus dos hermanas y la abuela paterna. La acusación particular, ejercida por el letrado Juan Luis Carrasco, también solicita una condena en los mismos términos.

El siniestro aconteció alrededor de las 18.45 de la tarde en el camino que une las localidades de Carpesa y Tavernes Blanques. Esa vía tiene una anchura de unos cinco metros, carece de arcenes en los dos lados y de una línea de separación de ambos carriles.

El conductor de la moto, como consecuencia del estado en el que se encontraba y la merma de sus capacidades, perdió el control de su vehículo justo después de adelantar a un automóvil, siempre según el relato de la Fiscalía. Esto hizo que invadiera la zona en la que circulaba correctamente en su patinete, José María Aguilera. El brutal impacto le causó un traumatismo craneoencefálico. El joven no pudo finalmente superar las lesiones y falleció al cabo de unos días en el Hospital Clínico de Valencia.

La Policía Local de Valenciase personó en el lugar de manera inmediata. Debido a los síntomas externos que presentaba el sospechoso –ojos enrojecidos, aliento, rostro congestionado– los agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia. El resultado confirmó lo que ya auguraban los profesionales. El test dio 0,64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El ahora acusado firmó la autorización para la extracción de sangre para un análisis que corroborara o descartara el primer test. También este dio positivo. A lo largo de la instrucción ha aportado un informe en el que alega que se deslumbró. Otra pericial de la acusación particular rebate esa tesis.

El ministerio público considera los hechos constituyen un delito contra la seguridad vial junto a un homicidio imprudente. Además, reclama que se le prive de la posibilidad de conducir cualquier vehículo durante los próximos seis años.