El fiscal pide tres años de cárcel para el funcionario de Valencia que filtró datos electorales en un grupo de WhatsApp

El ministerio público solicita tres años de cárcel a un funcionario del Ayuntamiento de Valencia por difundir datos electorales de carácter confidencial a través de una aplicación de mensajería. El acusado, A. G. G., afronta, además de la pena de cárcel, una multa de más de 5.700 euros y la suspensión de su empleo -se quedará sin sueldo- durante un periodo de dos años.

Los hechos acontecieron este mismo año. El acusado es funcionario y trabaja en el servicio de tecnología del Ayuntamiento de Valencia, en concreto en el departamento de informática. Debido a su puesto de trabajo, tenía acceso a un archivo en el que figuraban todos los integrantes seleccionados para las mesas electorales de las últimas elecciones generales y autonómicas del pasado 28 de abril. Estos nombres proceden del habitual sorteo que se realiza con anterioridad a los comicios. El listado contiene datos relativos a la identidad de los seleccionados, así como su dirección, DNI y el cargo que van a ocupar el día de las elecciones, presidente, vocal, titular o suplente. En total, se produjo la difusión masiva de los datos personales de 8.334 personas, según recoge el escrito del ministerio público.

El acusado procedió a difundir los nombres a través de la red de mensajería WhatsApp en un chat de grupo de padres de colegio, canales habituales de comunicación entre los progenitores. Se desconoce qué impulsó al funcionario a colocar las identidades en el citado grupo, lo que originó «una difusión en cadena por los usuarios de la aplicación». El mensaje fue distribuido por personas ajenas al Ayuntamiento de Valencia. En total, según sostiene la acusación de la fiscalía, el archivo y, por tanto los datos, fueron consultados por más de un centenar de usuarios.

El ministerio público considera que los hechos encajan en un delito de revelación de secretos. No sólo la fiscalía ejercerá la acusación en el juicio que debe celebrarse en un juzgado de Lo Penal. También el Ayuntamiento está personado en la causa al igual que algunos particulares que presentaron la correspondiente denuncia al ver sus datos personales comprometidos. En la vista, están citados una veintena de testigos.

No es el único caso en el que un funcionario del Ayuntamiento ha tenido problemas con la Justicia por una conducta impropia. Recientemente, un arquitecto municipal de Valencia pudo esquivar la condena penal, pero no tuvo la misma suerte con la sanción administrativa. El funcionario, que fue jefe de sección de la oficina técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento de Valencia, se ofreció a agilizar una licencia de un local de alterne a cambio de dinero, unos 600 euros «y dos polvos», según se escuchó en una grabación reproducida en el juicio en el que fue absuelto. Sin embargo, el Ayuntamiento le impuso tres años sin empleo y sueldo. El afectado recurrió. El juez dio la razón al Consistorio.

Los hechos se remontan a los años 2014 y 2015 cuando el promotor, que había solicitado licencia municipal para una pensión con un bar, fue informado de que los trámites se iban a retrasar debido a la cantidad de solicitudes pendientes. Fue entonces cuando le realizaron el ilegal ofrecimiento, que el empresario grabó. El juez absolvió al funcionario porque no llegó a dictar ninguna resolución, requisito que integra el delito de tráfico de influencias.