El fiscal también reprocha a Oltra el cierre del centro de menores de Segorbe

valencia. Una de las decisiones más polémicas de la etapa de Mónica Oltra al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fue el cierre de un centro de menores de Segorbe, gestionado por la Congregación de las Hermanas Terciarias. Lo hizo con la acusación de que se habían registrado casos de abusos sexuales. La Justicia descartó estas hechos delictivos. El denunciado por estas graves acusaciones, una vez absuelto, ha emprendido acciones legales contra la propia consellera. En paralelo a este procedimiento, las Hermanas Terciarias también reclamaron el amparo de los tribunales antes la decisión de la vicepresidenta del Consell. Y lograron el respaldo. Un juez de Castellón les dio la razón al dictaminar que la orden de desalojo de los menores fue un acto «contrario a derecho e ilegal». Y ahora la Fiscalía expresa la misma postura.

La Abogacía de la Generalitat, que defiende la posición de Oltra, no quedó satisfecha con ese primer pronunciamiento por lo que recurrió el fallo. La Fiscalía, que vela por los intereses de más de una decena de menores afectados, acaba de emitir un informe en el que, en líneas generales, pide que se confirme la sentencia y rechaza los argumentos de Oltra para cerrar las dependencias.

El ministerio público, por un lado, recuerda que el acta de inspección del centro «en ningún momento» manifiesta la necesidad del cierre de las instalaciones ni el traslado de los menores. El documento únicamente ordena «subsanar» unas deficiencias y la voluntad de «repetir la visita» para comprobar que se han corregido las anotaciones. Por otra parte, se trata de algo habitual en las inspecciones que se realizan a estos centros. Rara es la ocasión en la que no se precisa la mejora de algún aspecto.

El escrito del fiscal insiste en que la prueba practicada en el juicio corroboró el contenido del acta. «Ni siquiera el responsable de las inspecciones llegó a interesar el cierre y el traslado de los menores». Así pues, la orden que adoptó el departamento de Oltra no se sustenta en ninguna resolución administrativa. También rechaza otro de los argumentos del recurso de la Abogacía, es decir, que la sentencia no tiene en cuenta los testimonios de los menores. «Esto es incierto», rectifica.

De la lectura de la sentencia, aunque no se recoge expresamente las declaraciones, sí que consta que los menores no fueron consultados acerca del traslado a otras dependencias. Al margen de que, según el criterio del fiscal, nada afectan esas opiniones a lo acertado de una resolución administrativa, motivo real de la disputa judicial. La sentencia no expresa si los menores están ahora mejor o peor salvo cuestiones objetivas como que el traslado se tomó «de urgencia» con el curso escolar en marcha y causando perjuicios a los menores. «Antes iban andando al colegio y ahora se desplazan en autobús desde otras localidades cercanas», manifiesta el informe de la fiscalía.