El fiscal superior, preocupado por los delitos sexuales y el acceso precoz de menores al porno

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, ha mostrado su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual, aunque ha remarcado que no son cifras «alarmantes», y por el acceso precoz de los menores a la pornografía, ante lo que ha abogado por reforzar la educación afectivo-sexual.

Además, ha defendido la labor de protección de Fiscalía de «todos los menores», tanto si son migrantes como si no: «Nuestra función es siempre velar siempre por el interés de los menores, que tienen que estar protegidos en cualquier circunstancia».

Así lo ha trasladado en su comparecencia en la comisión de Coordinación de Les Corts para exponer la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 2024, correspondiente al año estadístico 2023, cuyos datos ya fueron presentados.

Ortiz, en su primera intervención en Les Corts como fiscal superior desde que tomó posesión en septiembre, ha explicado que los delitos contra la libertad sexual aumentaron «de forma considerable» en las tres provincias, una tendencia que se mantiene desde 2022 y que supone «un motivo de preocupación importante» aunque no sean datos «alarmantes».

Por provincias, entre 2022 y 2023, los delitos contra la libertad sexual en Valencia pasaron de un total de 1.093 a 1.214, en Alicante de 1.009 a 1.016 y en Castellón de 350 a 385. Unos incrementos que el fiscal ha achacado en parte a la modificación de la terminología de estos delitos en el Código Penal.

Paralelamente, ha advertido del aumento generalizado de las agresiones sexuales con un total de 760 casos en 2023 en la Comunitat, lo que supone un aumento del 88% respecto al año anterior, y de las violaciones al pasar de 2 casos a 8 (+300%). También se incrementaron las agresiones sexuales a menores de 16 años, con un total de 83 casos en 2023 (+130%).

En materia de violencia de género, el fiscal superior ha llamado a la prevención, la concienciación y «la máxima colaboración institucional para combatir esta lacra», que en 2023 provocó el asesinato de seis mujeres. Durante ese año se registraron un total de 28.214 víctimas de violencia machista en la Comunitat, lo que supone un incremento anual del 14,1%.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, ha señalado que en Valencia aumentaron los robos con fuerza y los delitos contra la propiedad intelectual, en Alicante los hurtos y los robos con violencia y en Castellón las estafas.

Respecto a los menores de 14 años, Ortiz ha reiterado las advertencias de su predecesora, Teresa Gisbert, quien ya explicó que «están fuera de la intervención de la Justicia y quedan en el ámbito de la protección».

Ante el aumento de delitos entre los menores de 14 años, ha aludido a la confluencia de diversos factores, como «la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso precoz a materiales pornográficos», que «conlleva a una trivialización de conductas violentas y a la asunción equivocada de las relaciones sexuales».

«Todos debemos tomar conciencia de esta realidad y adoptar, cada uno de nosotros dentro de nuestras competencias, las medidas necesarias para evitar este preocupante incremento», ha defendido.

Al respecto, ha subrayado que es necesario hacerlo «no solo por las víctimas de los delitos, que son lo primero, sino porque resulta evidente que los menores de 14 años que los cometen necesitan reeducación y apoyo para comprender la gravedad de los hechos y acceder a medios que les permitan evolucionar en esa conducta».

Como peticiones, el fiscal superior ha reiterado las «necesidades acuciantes» del ministerio público de más medios personales –con el mantenimiento de los funcionarios de refuerzo– y materiales, lo que ve como «un mal endémico».

Por otro lado, ha reivindicado «la lealtad institucional que debe exigirse de todos los poderes públicos» y ha alabado a la Fiscalía de Menores como «ejemplo a seguir» por su rapidez

Entre los grupos parlamentarios, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha exigido un aumento del número de fiscales y se ha preguntado si las últimas modificaciones legislativas en el ámbito judicial pueden explicar la subida de delitos.

Por parte de la oposición, la socialista Xelo Angulo ha lamentado el aumento generalizado de los delitos, sobre todo entre menores, y ha reclamado la recuperación del juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Xàtiva (Valencia).

Desde Compromís, Jesús Pla ha puesto el foco en la siniestralidad laboral y en la dificultad de hacer efectivas las sentencias por delitos contra la protección del territorio.

Y la diputada de Vox Ana Vega ha alertado de la situación de los centros de menores y ha «aplaudido» la decisión del Consell de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores migrantes entre autonomías, aunque no espera que prospere.

En su réplica, el fiscal superior ha rechazado «entrar en cuestiones políticas» y ha insistido en la labor de atender a todos los menores –en el caso de los migrantes ha abogado por que «la acreditación de la edad se haga lo antes posible»--. «No creo que sea un tema de aumentar las penas, sino de que tengan conciencia de los valores y principios de la convivencia», ha sostenido.

Ortiz ha insistido en que combatir la violencia de género «requiere de un esfuerzo de todos» y se ha preguntado «cuántos casos habría si no estuviera la ley» específica contra esta lacra.

Por último, ha reconocido que los profesionales que trabajan en estos casos «han quedado un poco desamparados» en Xàtiva, al tiempo que ha admitido la dificultad de depurar responsabilidades en los casos de siniestralidad laboral y la necesidad de colaboración institucional en los delitos contra el territorio.

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