Actualmente cerca de una veintena de juzgados mantienen investigaciones abiertas por las muertes durante la dana. En total, son 224 fallecidos contabilizados a día de ... hoy. Pero todas esas diligencias terminarán, más pronto que tarde, en un único juzgado.
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El papel de la Fiscalía resulta clave a la hora de determinar dónde se unificaría la instrucción. El ministerio fiscal ha decidido que la causa se quede en el partido judicial que más víctimas acumula que, al parecer, es el de Catarroja (75 fallecidos). Así, el encargado sería el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3.
La titular del juzgado, de hecho, ha practicado ya algunas diligencias al respecto, como reclamar determinada información, y había mostrado de manera oficiosa su compromiso a asumir las inhibiciones que le fueran llegando.
Hasta la fecha son varios los juzgados que han hecho todo lo posible por no asumir el asunto. De hecho, se trata de un caso que amenaza con colapsar el juzgado durante años. Resulta imprescindible un refuerzo no sólo de instructores sino también de funcionarios. Unas necesidades que se harán evidentes cuando comience la investigación propiamente dicha.
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El criterio de la Fiscalía consiste en aglutinar todo en el citado órgano judicial que fuera a desarrollar la investigación más compleja. No podemos olvidar que se trata de un caso inédito en España. Una tragedia que reúne numerosas víctimas mortales repartidas en diferentes territorios donde parece poco probable acertar cuál fue el primer juzgado que abrió la causa.
Además, el ministerio público ha acordado la creación de un equipo, integrado por un total de cinco fiscales y que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, a fin de proporcionar una respuesta coordinada desde la fiscalía y de trabajar en colaboración con dicho juzgado.
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El hecho de que se haya incorporado un especialista en anticorrupción debe de estar relacionado con la posibilidad, más que probable, que las diligencias terminen afectando a dirigentes y exconsellers del Gobierno valenciano, pero también a otros miembros que participaron en el dispositivo, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
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