La fiscalía y los acusados del metro llegan a un acuerdo para evitar el juicio

La fiscalía y los acusados por el accidente del metro en Valencia en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas negociaban desde hace semanas un pacto para que los procesados admitieran los hechos a cambio de una reducción de pena. En las conversaciones, que se han intensificado durante las últimas horas -ayer mismo se celebró una reunión clave en la Ciudad de la Justicia-, ha participado la acusación particular que representa a la Asociación Víctimas de Metro 3 de julio, que también estaba dispuesta a una conformidad.

No todos habían mostrado su predisposición a llegar a un acuerdo. En ese escenario, por ejemplo, se enrocó la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia. Pero, finalmente, la conformidad implica la retirada de la acusación para cuatro personas, entre ellas figura la gerente. Otros cuatro procesados, en cambio, aceptarán 22 meses de prisión. La pena, no obstante, quedará suspendida y ninguno de los implicados ingresará en prisión.

La fiscalía reclamaba tres años y siete meses de prisión para los ocho exdirectivos de Ferrocarrils acusados de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, así como otros 37 delitos de lesiones. Las acusaciones particulares elevaban el castigo a cuatro años de cárcel.

Las negociaciones se han llevado con la máxima discreción ante el temor de que pudiera frustrarse el acuerdo. Pero las conversaciones se han intensificado en las últimas semanas siempre con la condición de que no se reclamara responsabilidad civil, es decir, el asunto económico estaba cerrado. Las indemnizaciones a las víctimas ya se pagaron tras el siniestro.

El acuerdo cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, algo habitual en procesos de gran impacto mediático.

Los ocho procesados en esta causa son la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia, el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, director de Estudios y Proyectos.

El caso supone una salida para la fiscalía, que obtiene una condena parcial en un asunto en el que, según algunas fuentes, existían muchas opciones de que los procesados quedaran absueltos. Durante la instrucción, la jueza dio carpetazo a la investigación en dos ocasiones. Una de ellas con el visto bueno del ministerio público. La Audiencia le obligó a la reapertura del expediente.

Por otro lado, los acusados evitarán un juicio de enorme repercusión mediática durante casi seis meses con el consiguiente desgaste personal. Y en el supuesto de Gracia, además, consigue mantener intacta su reputación tras un vía crucis judicial. No hay que olvidar que ha sido absuelta de todos los procedimientos en los que se vio implicada. No sólo este del siniestro ferroviario sino de las denuncias por el fraccionamiento de contratos de seguridad en la empresa. Le retiraron la acusación el

El juicio comenzará el próximo lunes. Estaba prevista que las sesiones se prolongaran hasta el próximo mes de junio. El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia había fijado inicialmente 66 sesiones para la celebración de la vista oral y en ellas iban a comparecer casi 300 testigos y peritos. No será necesario. Los acusados acudirán el lunes a la Ciudad de la Justicia para comunicar a la jueza que admiten los hechos.