La fiscalía alertó de graves deficiencias y consumo de drogas en el centro de Buñol

Colchones y almohadas manchadas, colillas, basura, restos de comida, trozos de platos rotos y envases vacíos esparcidos por el suelo, mobiliario destrozado, desagradables olores, una sala enmoquetada y cerrada por la sospecha de que contenía pulgas, consumo de droga y un «absoluto desorden y caos» en la organización de los expedientes son algunas de las graves deficiencias e irregularidades que la Fiscalía de Valencia detectó el pasado 30 de octubre en el centro de recepción de menores de Buñol; de gestión pública y dependiente de la Generalitat. Ante esta situación, el Ministerio Fiscal dio un plazo de un mes a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para su subsanación y, dos días antes de que este plazo expirara, el departamento que dirige Mónica Oltra remitió un informe en el que detallaba todas las medidas adoptadas para corregir las deficiencias, tanto las que se habían puesto en marcha como las que estaban previstas.

Y todo ello, en mitad de la polémica generada por la propia vicepresidenta cuando denunció las supuestas malas condiciones en las que vivían los menores residentes en un centro de Segorbe (Castellón), éste gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, denuncia acompañada de un presunto maltrato a los internos y una supuesta agresión sexual a una de las residentes. Tras ello, la conselleria trasladó a los menores de este centro a otro y dejó a la orden religiosa sin la gestión de otras dos residencias. Sin embargo, la denuncia de Oltra se archivó sin que quedaran demostradas las supuestas malas condiciones en las que vivían los menores en Segorbe y que llevó a las Hermanas Terciarias a organizar una jornada de puertas abiertas del centro para demostrar que no era así y hasta a plantear una denuncia contra la propia consellera por haber atentado contra su honor.

Por otra parte, el informe elaborado por la Fiscalía en relación al centro de Buñol también hace referencia a algunos partes de incidencias que recogen el consumo de «marihuana y porros» por parte de menores, y recoge un resumen de una carta entregada por una de las internas en la que también advierte del consumo de sustancias estupefacientes, de que algunas compañeras «orinan en la papelera» y de que son los propios internos los que tienen que intervenir para que residentes no agredan a educadores y vigilantes del centro.

El «caos» de los expedientes, en el que las resoluciones administrativas están mezcladas con los atestados, los partes de incidencias o las fichas médicas, según alertó en su informe la Fiscalía de Menores, imposibilita el seguimiento real de la situación de los internos. Además, buena parte de los residentes se encontraban en ese momento sin resolución administrativa que ampare y de cobertura a su situación de ingreso y acogimiento en el citado centro de Buñol.

Los menores fugados, según el ministerio público, también hacía difícil averiguar la cantidad exacta de internos en la residencia que, en ese momento, oscilaba entre los 46 que habían dormido esa noche en el centro y los 51 del listado oficial, pese a contar con 30 plazas.

A raíz de tener conocimiento de este informe, la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, lamentó el miércoles en una intervención en el parlamento autonómico que, a 30 de noviembre (un mes después de la inspección de la fiscalía), la conselleria apenas había ejecutado poco más del 25% del presupuesto previsto para inversiones en infancia y adolescencia. Catalá recordó también que en septiembre el Síndic de Greuges ya había alertado de deficiencias en el centro de Buñol, así como las reyertas en las que se han visto implicados algunos de los residentes o el grave accidente sufrido por una de las internas.