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B. Ortolà
Martes, 8 de junio 2021
Los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets Ximo Coll y Carolina Vives; y el popular Bernabé Cano (La Nucia) deberán comparecer ante el juez por saltarse el turno en las vacunaciones Covid. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia contra los tres ediles por un posible delito de cohecho tras recibir la primera dosis de la vacuna el pasado mes de enero.
La causa ha sido derivada a los juzgados de La Vila Joiosa (en el caso de Bernabé Cano) y de Dénia (en el caso de los ediles de El Verger y Els Poblets) para continuar su instrucción.
La investigación se inició el pasado mes de febrero, semanas después de que los ediles se inoculasen la primera dosis, a raíz de que dos presidentes de colectivos vecinales de Alicante presentaran una denuncia en la que solicitaban la inhabilitación a cargos públicos de los tres políticos «por no haber respetado los protocolos establecidos utilizando sus puestos para conseguir antes la inmunidad ante el virus».
El munícipe de La Nucia recibió la primera dosis a principios de año en una residencia de mayores de la localidad. Al parecer el munícipe estuvo acompañado también por el concejal de Sanidad, Manuel Alcalá. Ambos alegaron en su momento que su vacunación estaba justificada, pues «atendía únicamente a nuestra condición de personal sanitario y ejerciente en la actualidad».
De hecho, desde el PP recordaron en su momento que Cano tiene plaza como funcionario en el centro de salud de La Nucia, y ejerce como médico de los clubes locales de fútbol y fútbol sala, «es un médico reconocido por la Federación».
Aunque Cano no ha dimitido de su cargo, la Diputación de Alicante si decidió retirarle las competencias, pero mantiene el cargo de diputado en la institución provincial. El alcalde de La Nucia aseguró que pedirá la declaración voluntaria sobre su caso para aclarar cuanto antes las circunstancias de su vacunación, de la que solo recibió la primera dosis al renunciar a la segunda.
Desde el PP de la provincia de Alicante pidieron ayer más transparencia en relación a todos las casos de vacunación. Aseguran que no han recibido la información de los más de 200 expedientes de vacunación que en un principio iban a estudiarse.
En cuanto a Cano, remarcaron que ya se le abrió un expediente informativo y ya se le retiraron las competencias en la Diputación. «Ahora será el momento en el que Bernabé Cano dé explicaciones ante un juez y que se aclare también qué protocolo de actuación se cumplió o se incumplió si es que había protocolo con las dosis sobrantes», apuntaron.
En cuanto a los alcaldes de El Verger y Els Poblets, matrimonio, también se vacunaron a principios de año, «porque sobraban dosis. Hubo algunos trabajadores con gripe y otros que rehusaron ponérsela». Aseguraron también días después, que no fue decisión suya, sino de la dirección del centro de salud de El Verger.
Pese a las críticas que recibieron, tanto de la oposición, como de compañeros de partido y vecinos de ambas localidades, los dos ediles socialistas descartaron dimitir durante la celebración de dos duras sesiones extraordinarias, en las que se puso sobre la mesa la reprobación de sus cargos.
Al igual que en La Nucia, tanto Coll como Vives afirmaron que no sabían nada de la denuncia. Lamentaron, además, «que se haya dado carpetazo a algunas de las investigaciones y no las nuestras, cuando nosotros teníamos más argumentos».
El munícipe de El Verger aseguró que están «tranquilos porque ya han salido en varios medios las declaraciones del director gerente del departamento de salud comarcal y de la coordinadora del centro de salud del pueblo, remarcando que fueron ellos quiénes nos llamaron y porqué lo hicieron».
Cano, Coll y Vives podrían enfrentarse a una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años, tal y como recoge el artículo 422 del Código Penal.
Estos tres ediles no fueron los únicos en la provincia de Alicante en que un cargo público se 'coló' para vacunarse. De hecho la Fiscalía también inició una investigación para esclarecer los casos del diputado responsable del centro Doctor Esquerdo de la Diputación, el popular Juan Bautista Roselló; el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, del PP y el excomisionado de Sanidad de Torrevieja y edil socialista de Benejúzar, José Antonio García; así como la exteniente de alcalde de Dénia, la socialista Cristina Morera (esta última decidió presentar su dimisión).
Además se añadió a la lista de investigados al obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, su hermana y su cuñado; así como el vicario general, Vicente Martínez. En todos estos casos, la Fiscalía ha decidido archivar las investigaciones.
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