La Fiscalía investiga un colirio que dejó ciegos a más de cien pacientes y se usó en Valencia

El Defensor del Paciente, la entidad que interpuso la denuncia por estos hechos, asegura desconocer la existencia de afectados valencianos, aunque el hecho de que el colirio se usara en centros sanitarios de la Comunitat indica que debe haberlos.

Desde la Conselleria de Sanidad señalan que no consta en los archivos de la Dirección General de Farmacia la compra de este producto. Al menos en los años recientes, pero en tiempos pasados los departamentos sanitarios tenían potestad de comprar ellos mismos productos médicos, lo que abre la puerta a la entrada del 'Ala Octa'.

El colirio quedó ya bajo el foco en 2015, cuando una alerta de la Agencia Española de Medicamentos alertó de sus efectos adversos. Esta se distribuyó también entre los centros médicos por parte de la Conselleria de Sanidad. Es antes de esa fecha cuando se debieron producir los casos de los pacientes afectados, pues en ese momento se produjo la retirada del colirio.

Como Concepción Villanueva, una vecina de Madrid y una de las pacientes personadas en el proceso abierto contra las empresas alemanas Alamedics GmbH& Co.KG (fabricante del producto), BSI Group Deutschland, y la empresa con sede en Barcelona W.M. Bloss S.A (comercializadora). «Me operaron y ya nunca más volví a ver. Y dije que no veía y no me dieron ninguna explicación», lamenta la mujer en una entrevista publicada por el diario ABC.

La batalla de Concepción empezó antes, pues ya consiguió ganar un pleito contra la Agencia Española del Medicamento. El ente, dependiente del Ministerio de Sanidad, la tuvo que indemnizar con 25.000 euros por la «dejación en sus obligaciones de prevención para evitar este tipo de supuestos», pues la alerta y la retirada del medicamento llegó ostensiblemente tarde, a juzgar por la larga lista de más de un centenar de afectados.

Según la Fiscalía, la investigación sobré el producto apreció la existencia de «deficiencias en la fabricación y control: citotoxicidad, presencia de compuestos alcohólicos y ácidos, así como relevantes carencias en los controles de seguridad de la materia prima y de los lotes fabricados». Una bomba de relojería médica que acabó oscureciendo la vida de más de un centenar de españoles.

Las diligencias de investigación preprocesal abiertas por el ministerio público sostienen que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la salud pública. Ahora se entra en la fase de posibles interrogatorios por el juzgado de los responsables de las empresas y la fase de valorar las indemnizaciones que deberían recibir los afectados.