La fiscalía no ve malos tratos en el centro de menores de Segorbe cerrado por Oltra

Instalaciones «obsoletas, cuando no peligrosas». Indicios de «castigos físicos», duchas de agua fría «en noches de invierno», dejarlos sin comer durante horas, malos modos, faltas de respeto, abuso de poder, obligarles a recoger comida de los bancos de alimentos... Son algunas de las acusaciones lanzadas por los inspectores de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas contra el centro de menores de Segorbe, regentado por las Hermanas Terciarias, y que sirvió para que Mónica Oltra ordenara el urgente traslado de los 18 adolescentes internados en el establecimiento. Hasta ayer en su comparecencia en rueda de prensa tras el pleno del Consell, la vicepresidenta y consellera que adoptó la decisión defendió la medida tomada «siempre para defender el interés de los menores». Pero cinco meses después de que el tema estallara, la investigación abierta por la fiscalía sobre las supuestas irregularidades en el centro ya ha recibido carpetazo.

El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, constató ayer en declaraciones a las agencias Efe y Europa Press el cierre de las indagaciones. «No vemos motivos para abrir diligencias de investigación penal», fueron las palabras de Cuesta. El responsable del ministerio público calificó de «muy genéricas» las informaciones aportadas por la conselleria. Desde fiscalía se reclamó en mayo más datos a Igualdad y Políticas Inclusivas. «La información se dio», como recordó Oltra ayer en la rueda de prensa, pero tampoco el segundo informe certificó la existencia de dicho maltrato. «Los datos seguían siendo insuficientes para poder investigar», reiteró Cuesta.

Otro de los aspectos con los que se ha topado la investigación fiscal es la antigüedad de los inconcretos hechos aducidos desde el departamento autonómico que encabeza Mónica Oltra. «Eran situaciones ocurridas hacía más de un año que podrían haber prescrito ya», detalló el fiscal jefe de Castellón.

Por todo ello, la fiscalía no trasladará informe alguno al juzgado, al no haber hallado elementos que apunten la existencia de hechos delictivos. El caso, no obstante, podría volver a abrirse si aparece algún elemento de prueba nuevo o si desde la administración se aportan datos más concretos sobre las acusaciones de maltrato. «Si alguien discrepa, no cerramos la puerta a nadie. No tenemos el monopolio de la acción penal», es la apreciación de José Luis Cuesta.

Ya en mayo, cuando el informe de Inspección llegó a la fiscalía, desde el ministerio público ya se lanzaron manifestaciones con cierta distancia acerca del cierre del centro de las Terciarias. «Es una cuestión ejecutiva, no es competencia del ministerio fiscal», destacaron. «La Fiscalía supervisa si cada una de las resoluciones que se dictan desde la Administración son ajustadas al interés del menor. El caso se estudiará y se indagará a fin de determinar si los hechos puestos de manifiesto pudieran ser constitutivos de un ilícito penal», señalaron. Hoy la conclusión es que no lo son, a la luz de los datos existentes.

Tampoco es la primera vez que la fiscalía se manifiesta en contra de los dictámenes de la Dirección Territorial del Menor sobre la situación de los adolescentes en el centro La Resurrección de Segorbe. Como ya publicó en exclusiva LAS PROVINCIAS, durante cuatro años de inspecciones ordinarias, el ministerio público no halló ni un sólo signo de alarma. Todo lo contrario. «Las instalaciones del centro son suficientes y adecuadas, en perfecto estado de conservación e higiene, con amplios espacios de esparcimiento (patios y terrazas) y zonas para entretenimiento y juegos de los menores», es el resolutivo párrafo de actas emitidas por fiscalía de menores entre 2012 y 2015.