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a. rallo / d. guindo
Miércoles, 10 de marzo 2021, 00:41
La pandemia ha hecho mella en las residencias de mayores con miles de contagios y cientos de fallecidos. Los profesionales, en la mayoría de los centros, han sido escrupulosos en la aplicación de las medidas para hacer frente al Covid y, en general, en los cuidados que ha prestado a los internos; pero en hasta media docena de casos la fiscalía ha iniciado investigaciones que, finalmente, se han derivado a la vía penal al encontrar indicios de delito, bien por inspecciones realizadas por la Generalitat o por la denuncia de particulares. En la mitad de estas residencias ha habido, supuestamente, un trato degradante hacia alguno de los usuarios y eso es lo que quiere aclarar el ministerio público. Este es el motivo de las pesquisas que se llevan a cabo en un centro de mayores de Gandia -al que hay que sumar un presunto caso de imprudencia-, otro en Sueca y un tercero en una localidad cercana a Valencia, según señalan a LAS PROVINCIAS fuentes de la fiscalía. En la provincia de Alicante hay abiertas otras dos investigaciones también por la vía penal, como es el caso de un centro que presuntamente realizó un mal uso del protocolo de aislamiento, y otro en una residencia de Elche, que ya ha sido judicializado. El sexto caso derivado a la vía penal fue el de la residencia de Llíria, que ha sido archivado provisionalmente por el Juzgado de Instrucción número 1 del municipio.
En esta línea, la fiscalía mantiene abiertas otras 18 investigaciones civiles para aclarar si residencias de mayores cuentan con todos los elementos necesarios para luchar contra el Covid y los usuarios son atendidos de forma correcta, mientras que ya ha archivado otras diez. En concreto, la fiscalía inició 19 procesos en Valencia (ocho archivados), cuatro en Alicante (dos archivados) y cinco en Castellón.
Sobre el caso de Llíria, el juzgado ha archivado provisionalmente el procedimiento abierto por presuntos malos tratos en la residencia DomusVi Jardines de Llíria, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) citadas por Europa Press. El procedimiento se inició en octubre del pasado año y tenía como imputada a la directora del centro y a dos empresas en calidad de personas jurídicas.
El origen de la causa fue una denuncia que interpuso la Fiscalía Provincial por posible delito contra la integridad moral en el trato dispensado por la directora y los cuidadores de la residencia a varios ancianos, sobre los que se hicieron públicas unas imágenes en las que supuestamente se les apreciaba desatendidos y que fueron grabadas por una exempleada del centro -que trabajó desde abril hasta agosto de 2020 y que se encargaba de la limpieza de las instalaciones-.
El juez ha decidido archivar provisionalmente el procedimiento, con fecha 26 de febrero, "al no ver acreditado el delito contra la integridad moral al no haber dolo", tal y como detallaron fuentes de DomusVi.
En su resolución judicial, tal y como apuntan desde la empresa, "se recoge que todos los médicos que trabajaron en los últimos años en la residencia aseguraron que tenían plena autonomía en los cuidados que se realizaban a los usuarios y que los mismos fueron correctos".
Asimismo, según los gestores del centro, el juez señala que "los médicos y trabajadores de la residencia aseguraron que no fueron testigos de maltrato, salvo la trabajadora despedida que grabó las imágenes y que incurrió en numerosas contradicciones a lo largo del proceso".
DomusVi añade que esta resolución confirma las conclusiones de la investigación interna llevaba a cabo por la propia empresa en la residencia en la que se señaló que no había habido ninguna situación de maltrato en el centro y que se había cumplido con los protocolos asistenciales.
En el caso de las investigaciones civiles, en al menos dos de las residencias de ancianos, como una emplazada en Llíria y otra en la Pobla de Vallbona, se iniciaron tras registrar sendos brotes con infinidad de contagios, y puesto que la fiscalía quería dilucidar qué había sucedido para que se disparara de esa forma la cifra de infectados. Sobre estos casos, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, afirmó que su departamento también estaba estudiando por qué ha habido brotes de Covid tan amplios.
Para que estos contagios masivos no se repitan, desde Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat) han exigido que se realicen pruebas periódicas tanto a usuarios como a trabajadores.
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