La Fiscalía General del Estado ha elaborado un decreto en el que ordena a los responsables del ministerio público que trabajen desde casa y no acudan a los respectivos centros de trabajo, como la Ciudad de la Justicia de Valencia, si no resulta imprescindible. Esta medida persigue evitar la «concurrencia diaria de toda la plantilla para preservar la salud de sus componentes. Esto permitirá garantizar la asistencia a las guardias, los juicios y demás señalamientos. Pero, de igual modo, el ministerio público aconseja el uso de videoconferencias para la realización de aquellos trámites que sean posibles y el despacho de todo el trabajo que se pueda hacer desde casa.
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Las órdenes de la Físcalía General afectan también a las inspecciones que habitualmente se hacen en las residencias de ancianos y centros de menores. Estas visitas quedan suspendidas hasta que no se produzca una cambio en las circunstancias actuales.
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