La fiscalía pide que la denuncia por la desprotección de los médicos se traslade al TSJ al ser la consellera aforada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia abrió diligencias previas tras una denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la Conselleria de Sanidad por no proteger a sus profesionales ante la crisis de la Covid-19. El titular dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Valencia, que acaba de informar sobre el asunto. El ministerio público considera que el sindicato no puede personarse como acusación particular sino que debe hacerlo como popular y, por tanto, debe formular una querella con la correspondiente imposición de fianza. Además, apuntan que la denuncia hace referencia a una persona aforadad, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, así que por esta cuestión corresponde enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sin entrar en el análisis del fondo del asunto.

CSIF denunció el pasado 15 de abril por vía penal a Conselleria ante la falta de protección al personal sanitario, lo que podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión o de homicidio imprudente. En concreto, el sindicato interpuso denuncia contra «todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Conselleria y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables».

En su escrito relataba cómo desde el 31 de enero había estado advirtiendo a Conselleria del peligro del Covid-19 y preguntando por el material de protección para el personal sanitario sin que la Administración adoptara medidas.