La Fiscalía pone el foco en el puerto de Valencia como 'punto caliente' de la entrada de cocaína

El puerto de Valencia ha sido siempre tradicionalmente una de las principales entradas de droga de Europa. Sobre todo, como destino elegido por las redes de envío de cocaína. Una prueba de ello, la incautación el año pasado de 5,6 toneladas de cocaína en un contenedor, la mayor cantidad de estupefaciente jamás descubierta en el recinto valenciano. El ingenio de los narcos para eludir la vigilancia no cesa. Lo demuestra uno de sus últimos métodos, del que ya informó LAS PROVINCIAS: droga emparedada entre los muros de los contenedores,

Ahora es la Fiscalía Antidroga la que pone el foco de alerta. El ministerio público subraya que el puerto de València sigue siendo uno de los principales 'puntos calientes' de la entrada de estupefacientes en Europa. La advertencia llega después de que, solo en 2022, las autoridades incautasen 26 contenedores con más de 11.500 kilogramos de cocaína, un incremento con respecto a los 9.000 kilos recuperados el año anterior.

Fuentes del Ministerio Público han explicado a Europa Press que la capital valenciana, el puerto comercial más grande del Mediterráneo, se encuentra solo por detrás del de Amberes y el de Rotterdam en cantidades de droga recibida.

Desde la Fiscalía señalan que la mayor parte de la droga penetró en España a través de contenedores, el mecanismo más difícil de controlar. Para mejorar la investigación de estos hechos, Antidroga trabaja en un refuerzo de la cooperación internacional no solo con países de la Unión Europea --con Francia como principal socio-- sino también con los países latinoamericanos.

De hecho, la fiscal jefe de Antidroga, Rosa Ana Morán, se ha reunido este mismo miércoles con el fiscal general de Colombia, con quien ha acordado la creación de equipos conjuntos de investigación para agilizar las pesquisas. Por otro lado, desde la Fiscalía especializada estudian proponer la penalización del transporte de gasolina para evitar que el combustible sea utilizado para nutrir vehículos usados en el transporte de droga.

Ese endurecimiento de la legislación llevaría a que el transporte de más de 20 litros de fuel sin la respectiva autorización fuese constitutivo de un delito de tenencia de depósito de sustancias o aparatos explosivos e inflamables. Otro de los puntos que preocupan a Antidroga es la manera de comunicarse de los delincuentes, que han sofisticado sus métodos en los últimos tiempos con la utilización de plataformas de encriptado como EncroChat o Sky.

Las investigaciones que coordina el Ministerio Público resultan cada día más complejas porque, apuntan las fuentes consultadas, las organizaciones criminales ya no están controladas por clanes familiares, sino que trabajan con cooperativas y subcontratas que contactan por este tipo de vías. A pesar de que tanto EncroChat como Sky hayan sido desmanteladas, la Fiscalía Antidroga ha encontrado evidencias y mensajes que han ayudado a completar y engrosar hasta 71 procedimientos abiertos actualmente.

La utilización de la información obtenida de esas plataformas es, a ojos de Antidroga, válida judicialmente. Sin embargo, desde la Fiscalía aguardan a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dé respuesta a la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Berlín. El posicionamiento del tribunal europeo determinará si la utilización de los mensajes --solo en Sky se han intervenido más de un billón-- para causas judiciales es válida o si, por el contrario, no pueden usarse como prueba.

Con todo, desde Antidroga explican que la hipotética anulación de esa prueba no echaría por tierra las citadas causas en tanto que esos mensajes no son la única prueba, sino que complementan otras aseguradas por la Fiscalía.

Por último, la Fiscalía ve necesario ampliar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico para poner el foco en la delincuencia internacional y actualizar de esta forma el modelo actual, centrado en mayor medida en los delitos cometidos entre regiones y comunidades autónomas.

Fuentes de Antidroga han explicado que la legislación actual lleva a que haya jueces con poca experiencia o a juzgados mixtos a asumir investigaciones que implican a grandes organizaciones de traficantes a la vez que también dirimen custodias familiares u otros asuntos menores.

La entrada en València de un contenedor con estupefacientes podría recaer en un juzgado local y no en la Audiencia Nacional. Esto es así en tanto que la actual legislación establece que este tribunal solo conocerá de delitos de tráfico de drogas siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.

El Ministerio Público considera conveniente modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera que se redefiniesen las competencias en materia de narcotráfico. Con todo, las mismas fuentes se muestran conscientes de que la AN ya asume una ingente cantidad de trabajo y que este incremento podría ser inabarcable para los seis jueces de instrucción. Este planteamiento, en definitiva, tiene por objeto redefinir las competencias de la Fiscalía y adaptarlas a la situación actual del narcotráfico.

Desde Antidroga también verían con buenos ojos la implementación de un modelo similar al francés, que cuenta con jurisdicciones especializadas. Las JIRS, como están denominadas, agrupan a magistrados con experiencia en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos financieros en materias de gran complejidad.

El país galo, en concreto, cuenta con ocho de estas jurisdicciones, siendo las más destacadas las de París, Lyon y Marsella. Las fuentes consultadas plantean que, en España, las mismas podrían estar localizadas en lugares calientes en la entrada de droga como Algeciras, València o Pontevedra.

Estas tres ciudades cuentan con un punto común: sus respectivos puertos marítimos. Y es que el mar, apuntan desde Antidroga, continúa siendo el punto fundamental para la entrada de los estupefacientes en España.

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