La Fiscalía quería que la Guardia Civil investigara también la actuación de la Delegación de Gobierno durante la dana

El contenido de ese escrito detalla que la Fiscalía concretaba la necesidad de aclarar el papel de diferentes administraciones. Así, citaban expresamente la necesidad de averiguar la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de la Conselleria de Justicia, del Cecopi y de la Delegación de Gobierno y «sobre los avisos y alertas» dirigidos a la población.

La juez ha centrado las pesquisas en la «palmaria ausencia de avisos» a la ciudadanía que impidió que se adoptaran medidas de autoprotección. Esta falta de información, según se desprende de los autos, resultó determinante en la muerte de decenas de personas.

La Fiscalía puede recurrir la decisión de la juez de rechazar el grueso de sus diligencias. Se ignora si lo hará. El equipo del ministerio público está compuesto por cinco personas, especialistas en Medio Ambiente, Urbanismo y Anticorrupción. Todos coordinan estas delicadas diligencias.

De momento, se ha solicitado abundante documentación al Cecopi y a la Confederación Hidrográfica. A los primeros, la llegada de las autoridades, la supuesta desconexión durante una hora y todos los mensajes anteriores al polémico SMS. Al órgano encargado de la vigilancia de los cauces y barrancos todo lo relativo a los caudales del barranco del Poyo, el verdadero origen de la tragedia. También se ha pedido un informe sobre la avalancha de llamadas que según los teleoperadores del 112 se recibió aquella jornada, circunstancia que retrasó los tiempos de atención.

La instructora no aborda, de momento, la citación de los responsables políticos. Por ejemplo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, dan por hecho que deberán comparecer en sede judicial. Pero la hoja de ruta del juzgado pasa por recibir primero todos los informes y, a partir de ahí, comenzar con los investigados y testigos.

De momento, en la agenda sólo figura un perito para el próximo 4 de abril. El especialista es Josep Eliseo Pardo, según consta en la causa, quien ha elaborado un estudio cartográfico respecto a las cotas a las que llegó el agua como consecuencia del desbordamiento del Poyo. Se trata de establecer el nivel alcanzado en las vías urbanas, una circunstancia que resultó diferente según el municipio, pero también dentro de un mismo término municipal por las propias condiciones orográficas.