La Fiscalía de Valencia rechaza la rebaja en diez casos por la ley del 'sólo sí es sí'

La Fiscalía de Valencia está siguiendo los criterios de la Fiscalía General del Estado y, en sintonía con la voluntad del Gobierno, no está por la labor de aplicar rebajas a los delincuentes sexuales condenados por delitos sexuales cuyas consecuencias penales cuantitativas han variado después de la entrada en vigor de la reforma conocida como 'sólo sí es sí'.

Así se desprende de las declaraciones realizadas esta mañana por la fiscal superior de la Comunitat, Teresa Gisbert, quien ha asegurado que, hasta el momento, todas las revisiones de penas sobre las que la Fiscalía se ha pronunciado en la región se han rechazado. O lo que es lo mismo, no encuentran razón legal para justificar la rebaja penal por el cambio en la horquilla de penas del delito que ahora se concibe solo como agresión sexual.

La Comunitat sigue de este modo el criterio marcado la semana pasada por el fiscal general del Estado, quien ha emitido un decreto en el que ordena a los fiscales cómo actuar ante las solicitudes de revisión de condenas: que no se bajen las condenas porque haya descendido el mínimo que se puede aplicar por el delito. De este modo, la última palabra la van a tener los jueces, una vez recibidos los correspondientes informes de la Fiscalía en cada caso y el de los abogados de las partes afectadas, a los que también se está dando traslado.

«En todos los casos el fiscal se ha opuesto a la revisión porque la pena impuesta cabe en la horquilla fijada», ha expresado Gisbert, quien ha comparecido esta mañana en la comisión de coordinación y régimen de las instituciones de Les Corts para presentar la Memoria de la Fiscalía. Y ante los diputados lo ha dejado igualmente claro: «Compartimos los criterios de la Fiscalía General en las revisiones».

En concreto, la máxima representante fiscal ha indicado que se han producido aproximadamente una decena de informes negativos en todo el territorio valenciano, la mayoría en Valencia.

También la mayoría de ellos han utilizado el criterio de la Fiscalía General del Estado, excepto un caso en Alicante, que también ha emitido informe negativo aunque basado en otros criterios que Gisbert no ha especificado.

Preguntada sobre la posibilidad de consultar a las víctimas antes de la revisión de la condena, Gisbert ha pedido estudiarlo y ha afirmado que no está «completamente a favor ni en contra», y ha planteado si esta consulta podría inducir a una «revictimación».

Por ello, ha indicado que la fiscalía valenciana se lo está planteando, al igual que cree que harán muchos otros fiscales, pero ha recordado que actúan con criterio unificado, por lo que no se producirá la situación que se está viendo con los Tribunales Superiores de Justicia de cada CCAA, que aplican su propio criterio.

Gisbert ha señalado que «cualquier jurista que lea el estatuto de la víctima» tendría dudas en esta cuestión, ya que el principal objetivo es ayudar a la víctima. No obstante, ha insistido en la posibilidad de que una consulta suponga una revictimización y ha puesto como ejemplo: «Cabría la posibilidad de preguntarle si quiere ser oída, pero quizá eso ya es recordarle la situación».

Ante las preguntas de los diputados en Les Corts, ha explicado que en Valencia no se ha dictado ningún auto respecto a la posible rebaja de penas y ha avanzado que la semana que viene se reunirá la Junta de Jueces para unificar criterios.

Preguntada por si han recibido instrucciones del Gobierno al respecto, ha contestado: «La pregunta ofende. No. No he recibido en mi vida instrucción del Gobierno. No las he recibido y aunque lo hubiera hecho, el principio de legalidad e imparcialidad va por encima de cualquier cosa», ha aseverado. «Tengo la conciencia muy tranquila», ha subrayado.

Al menos nueve audiencias provinciales ya se han pronunciado a favor de aplicar en las revisiones de condenas de agresores sexuales el criterio más favorable al reo. La última en sumarse ha sido la Audiencia de Almería. Para el presidente de la Audiencia de Almería, Luis Columna, la disposición transitoria quinta del Código Penal, que podría obrar en contra de las rebajas, «no es aplicable a este caso». Según el magistrado, «se deben revisar todas las causas aunque la pena que esté impuesta se vuelva a imponer con la nueva ley». Son allí unos 70 procedimientos en consideración.

En los últimos días, las audiencias de Madrid, Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba, Málaga, Zaragoza y Alicante también han unificado criterio en diferentes cónclaves y todas coinciden en seguir apostando por rebajas de penas para ajustarlas al nuevo marco legal.

Frente a estas decisiones, la Audiencia de Navarra ha informado de que no rebajará las condenas cuando las penas impuestas puedan ser también imponibles con arreglo al nuevo marco legal. La Audiencia de La Rioja compartía los mismos criterios y la de Las Palmas se ha posicionado también en sintonía con la Fiscalía General del Estado.

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