«Gestionar las bolsas de trabajo de la Generalitat es complicado». Así lo asegura Antonio Peña subdirector general de Promoción Profesional de la Generalitat Valenciana. Peña es el principal responsable de que el funcionamiento de este mecanismo sea tan exacto como el de un reloj. Él y su equipo, compuesto por una docena de personas, se ocupan de que sea así. «Estamos preservando un derecho constitucional», apunta.
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Hay que tener en cuenta que en la Generalitat Valenciana existe un centenar de cuerpos de funcionarios a los que los interesados pueden acceder lo que hace muy complicado gestionar todos los procedimientos. Hasta el año pasado el número era de 203 pero con la Ley 4/2021 se redujo y simplificó la estructura de la administración autonómica.
El departamento que dirige Peña se encarga de la gestión de todas estas bolsas de trabajo. Existen dos tipos. El primero, el ordinario, se materializa una vez termina una oposición y en la que entran las personas que no han obtenido una plaza pero han superado alguno de los exámenes. Al segundo se le denomina libre o específica y se crea cuando la administración necesita trabajadores.
La particularidad ahora es que a partir de la nueva ley de la función pública de 2021 para formar parte de una de estas bolsas de trabajo hay que haber superado alguna prueba. En el caso ordinario se constituye con las personas que han aprobado alguno de los exámenes. Las libres o específicas tienen su propio procedimiento y antes de poder inscribirse en ella el personal debe enfrentarse a un ejercicio previo que el interesado tiene que haber salvado.
Peña señaló que se trata de garantizar en todo momento el principio recogido en la Constitución de que cualquier persona puede acceder a un empleo en la administración pública y a estar en una bolsa de trabajo y nadie puede privarle de él hasta que el propio interesado se desactiva.
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Su funcionamiento es complejo y se realiza a través de una aplicación. Se activa cuando es necesario cubrir algún puesto. En el caso de que el interesado no conteste a la llamada conlleva la penalización de que se le aparta durante un periodo de tres meses, pero después vuelve a su sitio a la espera de otra convocatoria.
Se da la particularidad de que el interesado permanecerá en esa bolsa hasta que él lo decida. Y puede estar en ella pese a ser funcionario en otro departamento de la Generalitat ya que podría estar optando a una plaza diferente de la administración. Únicamente él mismo es quien sale de la bolsa desactivándose y nadie más tiene esa capacidad por lo que se le puede estar llamando ininterrumpidamente mientras exista la bolsa.
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El volumen de trabajo que acumula el departamento de Peña es muy elevado ya que en estos momentos la Generalitat oferta unas dos mil plazas de interino al año por las convocatorias de las ofertas de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019. Hay que tener en cuenta de que anualmente se están jubilando unos 700 funcionarios que son puestos a cubrir.
La previsión, según explicó Antonio Peña, es que de aquí a final de año se convoquen unos 5.000 puestos de trabajo en la administración autonómica bien por el procedimiento de estabilización de estas plazas o a través de la oferta de empleo público de 2022.
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