Los funcionarios valencianos cobran lo mismo por kilometraje que hace 26 años

El nuevo decreto se justifica en que el tiempo transcurrido hace necesaria una revisión de las cuantías relativas a la asistencia a tribunales de procesos selectivos, con el argumento de que se han incrementado fruto de la relajación de las restricciones en cuanto a la creación de plazas para el sector público. Y no se puede olvidar que los funcionarios seleccionados deben participar de manera obligatoria fuera de su horario laboral, de ahí que reciban una contraprestación económica. La norma habla exactamente de «una compensación adecuada al esfuerzo y responsabilidad que asumen». Pero que no se haya aprovechado el cambio para mejorar el pago del kilometraje ha provocado críticas a nivel sindical.

El decreto de 1997 estableció que los trabajadores percibirían por cada kilómetro recorrido con su coche particular 25 pesetas (que son 0,15 euros al cambio) en el caso de vehículos y 8 pesetas (0,048) si se utilizaban motocicletas. En 2011 se aprobó una revisión de las cuantías, que fue más bien discreta: 0,19 y 0,078 euros respectivamente, que se ha mantenido en la última actualización. Lógicamente estas dietas afectan a cualquier empleado público, ya sea un sanitario, un funcionario de la administración, un profesor o un inspector que tenga que utilizar su vehículo privado durante su jornada laboral. No cuenta, por ejemplo, el desplazamiento hasta su puesto.

El sindicato CSIF tilda de «indignante» la decisión de la administración, y ha llegado a recomendar «al conjunto de trabajadores de la Generalitat que no pongan sus vehículos a disposición del Consell». También critica que tampoco se hayan incrementado las dietas por restauración o alojamiento y que el cambio se haya limitado a la participación en tribunales.

«No han tenido en cuenta que se ha triplicado el precio del carburante comparado con el vigente hace 26 años ni otros factores como el desgaste del vehículo y las consiguientes reparaciones, o los precios de las Inspecciones Técnicas, que también se han disparado», lamentan. «Si hace veintiseis años esas indemnizaciones se establecieron para que no perdiera dinero quien pusiera su vehículo a disposición del Consell en la actualidad no tienen sentido. Ahora, con esas cantidades desfasadas quien lo ponga pierde, y mucho», continúan.

La organización también ha instado a que sea la Administración «la que adquiera su parque móvil, lo mantenga y lo ponga a disposición del personal que, por razones de servicio, necesite realizar desplazamientos».

Por su parte, desde la Conselleria de Administración Pública, responsable de esta regulación junto a la de Hacienda, explican que en base a la normativa estatal los pagos superiores a 0,19 euros por kilómetro hay que declararlos como retribución en especie, por lo que se han limitado a trasladar a la norma valenciana el máximo previsto. «Si se supera la cuantía hay que declararlo en el IRPF», continúan, antes de añadir que así se ha comunicado a los sindicatos, por lo que en cualquier caso deberían instar al Estado a propiciar los cambios necesarios.

En cuanto al profesorado itinerante, que atiende aularios de diferentes poblaciones, en 2011 se aplicó un sistema distinto de medición del kilometraje que se mantiene en la actualidad y que también implica pérdida de poder adquisitivo, pues sólo computa el desplazamiento hasta la localidad más alejada. Así, si en una misma jornada tiene que atender más de un municipio hay parte de la distancia que no queda cubierta por la normativa. Y por tanto, que no se compensa.

Volviendo al nuevo decreto, la participación del personal funcionario en tribunales de oposición se concreta en una indemnización de 90 euros por día en el caso de los presidentes y secretarios (son 34,2 más que la cuantía regulada en 2011), en 78,5 para los vocales (+24,4) y en 75 para el personal de soporte técnico (+33,4).