«En gafas llevo gastado un BMW»

Sin embargo, y pese a ello, carecen de cualquier tipo de ayuda de las Administraciones, lo que ha llevado a un grupo de afectados y a una docena de asociaciones a iniciar una cruzada para defender los derechos del colectivo y preparar un manifiesto con sus reivindicaciones que en breve llegará al Congreso de los Diputados. «En gafas llevo gastado un BMW», ejemplifica María José, residente en Valencia y una de las impulsoras de la iniciativa.

Son varias las reclamaciones del colectivo. Por un lado, los productos de apoyo para las personas con certificado de grado de discapacidad tienen un IVA del 4%, a excepción de buena parte de los relacionados con la visión que están entre el 10% y al 21% y que son, precisamente, los utilizados por personas con baja visión que también tienen reconocido el certificado de grado de discapacidad (como excepción, las gafas graduadas para personas con una discapacidad mayor del 33% sí cuentan ya con el 4% de IVA). «Como consecuencia se agrava su adquisición, especialmente para quienes cuentan con escasos recursos económicos», recoge el manifiesto. Además, el Ministerio de Sanidad, a través del Catálogo Nacional del Sistema de Salud, subvenciona los productos de apoyo de los discapacitados pero deja fuera del catálogo los usados por personas con este déficit de visión, de ahí que genere «desigualdades» entre los grupos de distintas discapacidades. Y acabar con estas diferenciaciones sería un importante paso para los afectados. «Las prótesis sí las dan, pero a la gente de baja visión no nos dan ni una triste lupa», denuncia Balaguer.

Por otra parte, la legislación vigente sobre el voto accesible para personas con discapacidad visual permite el ejercicio del derecho al sufragio mediante el sistema de lectoescritura braille, pero únicamente es válido para personas ciegas, por lo que deja fuera al 95% de los discapacitados visuales, que también reclaman un sistema para poder votar con total garantías.

Además, como recoge el documento, «el modo en el que se ha implementado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no tiene en cuenta la diversidad de mujeres con discapacidad que pueden ser víctimas de violencia, como consecuencia no es una herramienta adecuada para que las mujeres con baja visión se sientan protegidas. El resultado es que su integridad física y moral no queda suficientemente garantizada».

Lamentan también que el Sistema Nacional de Salud carece de un Plan Estratégico de Salud Visual para pacientes con pérdida de visión que proporcione protocolos de rápida derivación, tratamiento y seguimiento del paciente de este tipo, por lo que sería necesario que se dote de los suficientes recursos humanos, técnicos y físicos. «En consecuencia los ciudadanos carecen del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud en igualdad y sin discriminaciones», subraya el informe. Asimismo, «siguen existiendo deficiencias no solo en materia arquitectónica y de comunicación sino también en equipamiento».

Los afectados por baja visión también reclaman portar un bastón verde con el que el resto de la población pueda identificarlos en lugar de los blancos que llevan los ciegos. Asimismo, lamentan que sólo una pequeña parte puede acceder a las prestaciones de la ONCE, puesto que únicamente pueden optar aquellos con una visión por debajo del 10%.

«Para utilizar el móvil, por ejemplo, usamos aplicaciones específicas que aumentan las letras y los números a lo bestia, pero yo voy a votar y no sé lo que pone en la papeleta», ejemplifica María José, mientras lamenta que «para lo único que nos sirve la tarjeta de discapacidad es para entrar a algún museo gratis o con descuento». «A los dos años ya llevaba gafas y ni una sola ayuda, nunca, ni lupas, ni gafas específicas de sol, nada», subraya, para asegurar que «en el trabajo estamos abocados a ser pensionistas, nada más». «Lo que más me molesta es que hace muchos años que no puedo leer un libro, tocarlo, pasar las páginas... eso es imposible. Ahora directamente me pongo un audio libro y ya está», añade.

Estas personas se quejan también que mientras, por ejemplo, en comunidades como la de Madrid pueden optar a ayudas si no sobrepasan unos ingresos de 35.000 euros anuales, en autonomías como la valenciana «sólo hay ayudas pero para gente muy pobre, en exclusión social». «¿Por qué hay tanta desigualdad entre las comunidades?», se pregunta.

María José pone otros ejemplos de las dificultades a las que se enfrentan. «Cuando llegas a la parada del autobús y pasan varios buses sólo pone por escrito de qué línea es cada uno, no lo dicen por megafonía y sólo podemos preguntar. Si no hay gente, tienes que parar el autobús y preguntarle al chófer». Los integrantes de este colectivo, explica, «utilizamos mogollón la memoria». «La primera vez que voy a un sitio me tengo que coger de mi acompañante, pero luego ya me puedo valer, pero si hay una alcantarilla o un escalón me lo como. De normal no llevo bastón porque la gente no lo entiende, pero deberíamos llevar el bastón verde y hasta eso nos lo tenemos que comprar».