La Generalitat culpa a 40 alumnos y al colegio de la fiesta que desató los contagios

La Conselleria de Justicia va a proponer sanciones de entre 601 y 30.000 euros para cuarenta alumnos residentes en el Galileo Galilei por su participación en diferentes fiestas que se celebraron el 26 y el 27 de septiembre y que provocaron la propagación del brote más grande de la Comunitat, que dejó 168 contagios (131 entre estudiantes del centro) y obligó a suspender dos semanas las clases presenciales en la Politècnica.

La misma sanción, de carácter grave, se planteará para los responsables del centro y para algunos empleados. Así lo explicó ayer la consellera Gabriela Bravo en una comparecencia convocada para dar cuenta de la investigación policial iniciada el día 6 a petición de Universidades.

Las pesquisas establecen que «queda clara la responsabilidad del colegio mayor y de sus dirigentes y responsables por su falta de diligencia por permitir, por inactividad o pasividad, la celebración de fiestas y reuniones que han vulnerado la normativa de prevención de la Covid», dijo Bravo. La responsabilidad de la gerencia del centro «se basa en el total descontrol de la situación en relación a la fiesta del pasado 26 de septiembre y que fue la causante del brote. No se estableció ningún control respecto a la celebración de la misma», añadió.

Según el relato de los hechos que recoge el informe, el citado día se celebró una fiesta ibicenca en la azotea del colegio mayor, sin distancia ni medidas de protección, y en el centro se tuvo conocimiento de la misma por un aviso anónimo sobre las 20 horas. Según Bravo, «a las 21 una persona de recepción la disolvió».

Esa noche, sobre la una de la madrugada, la Policía Nacional fue avisada porque en una de las habitaciones se estaba celebrando otra fiesta. Los agentes identificaron a 22 personas que se encontraban «sin ningún tipo de medida de seguridad». Y más tarde, entre las tres y las cuatro, volvieron a acudir a otro cuarto donde se localizó a seis estudiantes más. Según dijo la comisaria de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat, Marisol Conde, fueron residentes los que dieron los avisos.

«Las fiestas de las habitaciones tampoco fueron advertidas por el personal del colegio mayor», continuó Bravo ciñéndose al informe, antes de señalar que hay testimonios que hablan de que reuniones similares «se habían sucedido en días anteriores sin ningún tipo de control por parte de los encargados del centro». «La policía concluye así que queda acreditada la falta de rigor en las funciones de control que tienen encomendadas», dijo.

Además, se refirió a la «innegable» responsabilidad de los miembros del consejo colegial (órgano de participación que impulsa actividades para los residentes), pues anunciaron la fiesta en la azotea en redes sociales y aunque afirmaron que se desconvocó, algunos de ellos participaron en la misma. En resumen, los cuarenta estudiantes identificados participaron en las diferentes fiestas organizadas en cuestión de horas (la de la azotea y las de las habitaciones), y entre ellos figuran tres o cuatro miembros del citado consejo. Respecto a los trabajadores, se enfrentan a una sanción el director y los responsables de la recepción del día 26. Estos, a su juicio, debían de haber advertido lo que sucedía, comunicándolo inmediatamente a la policía. Además, las labores de identificación de alumnos infractores continúan pero son complicadas, pues más allá del visionado de los vídeos de la azotea (donde se reunieron unas 50 personas), en sus declaraciones los participantes no siempre aclaran, por razones obvias, qué compañeros estaban.

La consellera explicó que la propuesta de sanción se basa en las conclusiones del informe y que ahora será tramitada por el servicio correspondiente de su departamento. El procedimiento durará seis meses y servirá para perfilar el grado de responsabilidad de cada afectado y la cuantía exacta. Aunque el expediente administrativo se centra en las personas, también se considera que existe responsabilidad por parte de la empresa. «Por una parte están quienes estaban allí, encargados de mantener el control, y por otra está el responsable del colegio, que tiene la obligación en el momento de tener conocimiento de una posible fiesta de adoptar las medidas necesarias para evitarla», dijo.

Además, recordó que el decreto que regula las sanciones por incumplir las normas sanitarias prevé la suspensión de la actividad o la clausura del establecimiento (durante seis meses), si bien dijo que es una medida que en cualquier caso dependerá del expediente. Por último, Bravo hizo un llamamiento a la responsabilidad y pidió que se denuncie ante la policía cualquier fiesta ilegal de la que se tenga conocimiento.

Por su parte, desde la empresa gestora del Galileo Galilei prefirieron no pronunciarse, más allá de señalar que «se está a la espera de que concluya la investigación» y que el colegio tiene en marcha su propio comité de disciplina para depurar responsabilidades a nivel interno.