Gan Pampols presentará el plan de reconstrucción en junio

En su larga exposición, Gan Pampols ha explicado que el plan irá acompañado de una propuesta para unificar la «exhaustiva legislación» existente en la gestión de crisis y emergencias dado que, según ha expuesto, en la actualidad hay 58 normativas estatales y 38 autonómicas, a las que cabe sumar también las propias del ámbito local. «Esto no es operable», ha resumido acompañado de un diapositiva en la que se explicaba que la gran cantidad de normas «dificulta la interpretación ágil y eficiente». Además, también se planteará el diseño de un plan director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes.

Durante su exposición, el vicepresidente también ha repetido en diversas ocasiones la frase «esto no es inacción», cuando se ha referido, por ejemplo, a las 306.000 personas impactadas por la catástrofe de las cuales 117.000 tuvieron que recibir atención médica y 37.000 fueron rescatadas durante la catástrofe.

Gan Pampols ha vuelto a insistir en las necesidad de disponer de más recursos para financiar las medidas que se plasmarán en el plan con mensajes velados al no citar expresamente al Gobierno central: «Pagaremos hasta donde lleguemos y lo demás lo pediremos a quien tenga que pagarlo».

Por el momento, según ha explicado el vicepresidente, la Generalitat ha abonado o tiene pensado abonar 4.218 millones para la recuperación, contando con los fondos del presupuesto dana, mientras el Gobierno ha puesto hasta la fecha 3.711 millones de euros al quedar al margen de este conteo las indemnizaciones del Consorcio de Seguros y los seguros agrarios al tratarse de compensaciones y no ayudas.

Otras instituciones como la Diputación de Valencia ha pagado 56 millones y los ayuntamientos de los municipios afectados otros 45 millones. También han sido importantes las aportaciones provenientes del sector privado y el conocido como tercer sector, pues han supuesto una inversión total de 288 millones dividida en 110 millones por parte de empresas privadas, 10 de fundaciones y 15 de ONGs y asociaciones.

Gan Pampols ha definido las labores de reconstrucción acometidas hasta la fecha como un «trabajo ímprobo». Con respecto al tiempo empleado en la limpieza de garajes y parkings subterráneos anegados por el lodo, el vicepresidente ha explicado que los motivos de la tardanza en el achique se han debido a la «insuficiencia de medios» y ha vuelto a repetir que la causa de la demora «no fue inanición, sino incapacidad».

El encargado de pilotar la Recuperación ha desvelado que la Conselleria de Servicios Sociales y Vivienda ha empezado a pensar en realojar a los casos de afectados «más críticos», es decir, aquellos residentes de las fincas que siguen sin el ascensor operativo casi cinco meses después del desastre para garantizar su «calidad de vida». El vicepresidente ha explicado que todavía hay cerca de 6.000 elevadores averiados, el 60% del total, y que las demoras en su puesta en funcionamiento vienen producidas por las dificultades a la hora de encontrar mano de obra cualificada, stock y materiales.

A modo de resumen, Gan Pampols ha explicado que un fenómeno catastrófico «golpea especialmente a los más vulnerables», ha señalado en referencia a los migrantes, ancianos y personas con discapacidad damnificados por la riada.

Asimismo, el vicepresidente ha remarcado que la recuperación ya se ha adentrado en su segunda fase en el mes de marzo: la redacción del plan de reconstrucción. tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, y que se sigue trabajando bajo el punto de vista técnico y experto.

La Vicepresidencia para la Recuperación ha calculado el impacto atendiendo a los cinco ejes prioritarios que guían el plan de recuperación: personas, infraestructuras, tejido empresarial, medio ambiente y tejido social y comunitario.

En el eje de personas, cabe destacar que 552 kilómetros cuadrados de territorio resultaron afectados y que 306.000 personas tuvieron una afección severa. También quedaron dañadas 11.242 viviendas, con una evaluación de daños de 475 millones, a los que hay que sumar otros 160 millones en reparación de ascensores. Además, cifra de vehículos afectados asciende a 141.000, de los que 120.000 han sido declarados 'siniestro total'.

En apartado de infraestructuras resultaron dañados 350 kilómetros de cauces de ríos y barrancos, dos presas (Forata y Buseo), 123 estaciones depuradoras y dos estaciones potabilizadoras, con un coste de 780 millones. Asimismo, sufrieron daños más de 800 kilómetros de carreteras (360 millones), 550 kilómetros de vías ferroviarias (315 millones) y 380 puentes.

Por su parte, en el eje del tejido empresarial, «las venas por las que circula la prosperidad», más de 64.100 empresas vieron afectada su actividad y sufrieron daños en sus activos por valor de 11.600 millones. Asimismo, más de 270.000 trabajadores resultaron afectados, de los que 33.000 entraron en ERTE.

En otro sentido, en el eje del medio ambiente se han cuantificado daños por importe superior a 100 millones y se han requerido más de 299 millones para la gestión de residuos. En total, se retiraron 13.000 toneladas de cañas.

Por último, en el capítulo del tejido social, los principales daños se han centrado en asociaciones culturales (20 millones), clubes e infraestructuras deportivas (alrededor de 10 millones) y en la cancelación de eventos y actividades, que supuso un impacto de 40 millones.

Tras completar y presentar el diagnóstico de la situación, los próximos pasos a seguir son la elaboración del plan de recuperación y reconstrucción, seguir trabajando con los actores clave y grupos de interés, así como con nuevos perfiles expertos; activar, impulsar y realizar seguimiento exhaustivo de los proyectos y medidas prioritarias y cerrar una propuesta del plan marco de recuperación y reconstrucción en junio de 2025.