El gasto de Sanidad será fiscalizado después de pagar a los proveedores

El Consell aprobó ayer, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, que se lleve a cabo una fiscalización posterior -en lugar del control previo que se desarrolla en la actualidad- de los expedientes de enriquecimiento injusto que se generan en la Conselleria de Sanidad en la adquisición de bienes o en la contratación de servicios que no constituyan inversiones y que sean necesarios para el funcionamiento de la sanidad valenciana. Es decir, hasta ahora, Intervención se veía obligada a hacer una comprobación de las facturas que debía abonar Sanidad por una determinada compra o servicio, acción que, por un lado, saturaba el trabajo de los técnicos y, por otro, retrasaba el abono de los importes a las empresas proveedoras. Con el cambio, la conselleria podrá realizar el pago y será, con posterioridad, cuando Intervención fiscalice que estos abonos son correctos y, en el caso de que haya alguna irregularidad, la subsane. Este cambio ha sido posible pese al intento de bloqueo de la medida por parte de Compromís, como ya recogió LAS PROVINCIAS el pasado 19 de octubre

La medida, según el Consell, pretende agilizar la gestión en este tipo de gastos para garantizar el cobro de los proveedores y una fiscalización en condiciones similares a la que se aplica en otras autonomías.

En esta línea, recordaron que el elevado volumen de expedientes de este tipo que se generan en el ámbito de la Conselleria de Sanidad y la contabilización urgente que requieren estas propuestas viene dificultando el desarrollo habitual de la intervención previa. A esta circunstancia se añade el hecho de que, en los expedientes de enriquecimiento injusto, Intervención emite un informe previo «sin naturaleza de fiscalización», tal como señala la Ley 1/2015 de Hacienda Pública. Con el cambio, una vez autorizado por el Consell y aprobado el expediente de resarcimiento, las funciones de Intervención consistirán en la comprobación de la adecuación de los datos que constan en las facturas, documentos contables y cesiones de crédito, una vez que se ha acreditado por la gestión la efectiva prestación de servicios o entrega de bienes a satisfacción de la Administración conforme a precios de mercado.