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El estado de alarma encara su última semana en medio de decisiones y propósitos para el encaje legal de las restricciones que pervivirán a partir del lunes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig anunció ayer que existe un marco legal suficiente para mantener las restricciones, siempre con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
Aludió a que, en el caso probable de limitar la movilidad nocturna, la consulta al órgano judicial «posiblemente sea previa a la toma de la decisión». Además, se refirió Puig a la voluntad de seguir avanzando en una desescalada «prudente y progresiva», con restricciones mientras se avanza en la vacunación.
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El Gobierno, por su parte, tratará de proteger con un decreto exprés a las autonomías y sus restricciones cuando el 9 de mayo decaiga el actual estado de alarma. El Consejo de Ministro aprobó ayer el decreto, en el que además de extender las medidas del llamado escudo social tal y como estaba previsto, reforma de manera exprés la Ley 29/1998 'reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa'. Todo para permitir a las autonomías recurrir en casación ante el Tribunal Supremo de forma inmediata si los respectivos tribunales superiores de justicia tumban sus restricciones, al entender que medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales afectan a derechos fundamentales y no se pueden hacerse sin el paraguas del estado de alarma.
Estas apelaciones -explicó la vicepresidenta Carmen Calvo- podrán ser casi instantáneas ante el alto tribunal, por lo que el Supremo podrá establecer una doctrina de manera mucho más rápida (en «tiempo récord» en palabras de Calvo), evitando así la inseguridad jurídica que se barruntaba para las próximas semanas y meses, dado que hasta ahora los recursos ante el Supremo por las restricciones iban a tardar meses en llegar y quizás años en resolverse.
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El Gobierno, que se reafirma en su voluntad de acabar definitivamente con el estado de alarma a las 23:59 horas del próximo sábado, cree que esta reforma contentará a las comunidades que con más vehemencia, particularmente Euskadi, Castilla y León y Galicia, habían pedido que se mantuviera la legislación de excepción para seguir imponiendo recortes de derechos fundamentales con el fin de contener la pandemia.
En cuanto a las restricciones que mantendrá la Comunitat a partir del domingo habrá que esperar al Consejo Inteterritorial de Salud de hoy y a la mesa interdepartamental del sábado. Pero la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra reiteró la intención de mantener restricciones. «No podemos pasar de un día para otro a estar sin horarios y sin frenos». Y confió en las competencias autonómicas para conseguir estas cautelas.
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