La Generalitat no inspecciona las medidas de seguridad del 30% de las residencias

El pasado sábado por la noche 76 personas tuvieron que ser desalojadas de una residencia en la localidad de Ador. Un incendio se declaró en el centro y se tuvo que proceder a evacuar a los usuarios. No es la primera vez que sucede. Hace tres semanas los usuarios de otro centro en Almussafes tuvieron que ser trasladados por las llamas y a principios de año nueve personas fallecieron en unas instalaciones en Moncada.

Todos estos incidentes han llevado a plantearse la seguridad de las residencias de mayores y la tutela que la Generalitat ejerce sobre ellos. En este sentido, tanto la Fiscalía como los usuarios, la patronal y hasta el Síndic consideran que al menos una vez al año se tendrían que inspeccionar los centros. Unas visitas en las que también se deberían comprobar las medidas de seguridad de las instalaciones.

Según datos de la Conselleria de Igualdad el año pasado se realizaron 232 visitas de inspección a residencias de personas mayores, veinte de las cuales fueron a centros de día, sobre un total de 329. De esta forma, el 30%, siete de cada diez, se quedaron sin recibir una inspección anual. A lo largo de lo que llevamos de 2022 se han realizado 270, 68 de ellas en centros de día.

Para José María Toro, presidente de Aerte, la patronal de las residencias, las visitas tendrían que ser anuales. «Es un cuestión de transparencia», explicó y señaló que «de esta forma si se ve algún aspecto que podría funcionar mejor se podrán poner los medios para que sea así».

También es este la opinión de los usuarios. Esther Pascual, que pertenece a la junta directiva de la Coordinadora de Familiares y Usuarios de la Comunitat Valenciana (Recova), reconoció que la Conselleria de Igualdad ha incrementado el número de inspectores en los últimos años «pero no es suficiente porque no se llega a hacer ni una al año».

Desde Recova consideraron que estas inspecciones tendrían que ser el procedimiento habitual para certificar el estado en el que se encuentran los ingresados «pero no nos dejan ni entrar en las residencias y si no inspeccionan no hay manera de saber cómo se encuentran nuestros familiares».

Pascual señaló que en muchos casos hay miedo a denunciar por lo que las visitas de los inspectores sería la mejor manera de conocer realmente cómo se encuentran los usuarios.

La Fiscalía también se manifestó a favor de realizar inspecciones más frecuentes y lo mismo el Síndic de Greuges que en una resolución de 2018 lamenta que «las visitas que se realizan anualmente a centros residenciales no superan el 33% del total de centros».

En esta línea, el ministerio público urgió aumentar el número de plazas y mejorar el control que se ejerce sobre estos centros. «Debería aumentar el número de plazas y revisarse al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial», señala en la memoria anual presentada el pasado mes de septiembre.

Por su lado, la portavoz popular Elena Bastidas consideró que las inspecciones en estos centros tendrían que ser anuales y no como ahora que en muchos centros pasa el tiempo sin que se revisen las instalaciones.

En este sentido, los sindicatos lamentan que se están prestando servicios sin el suficiente personal. Fuentes de UGT señalaron que «en estos momentos los centros están atendiendo residentes con menos personal del que sería necesario, lo que implica que no se les puede dedicar el tiempo necesario para la atención diaria. No obstante, para paliar la falta de personal, la Conselleria ha promovido el decreto de tipologías, que en principio debe comenzar en 2023».

Por su parte, el sindicato CNT señaló en relación al incendio acaecido el pasado sábado en una residencia de Ador que «se incumplen derechos laborales y derechos asistenciales para los usuarios». El sindicato denunció, entre otros aspectos, que el centro presentaba graves deficiencias en materia de seguridad.

• Temas
• Residencias de ancianos