La Generalitat llevará al Constitucional el decreto del Gobierno para el reparto de menores migrantes

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que la Generalitat «buscará el amparo constitucional» ante el reparto aprobado por el Ejecutivo. «El Gobierno establece de manera unilateral una serie de repartos que ni siquiera han sido negociados con las autonomías», ha afirmado Camarero, quien ha insistido varias veces que la región valenciana se encuentra en una situación de «crisis migratoria».

«Nuestro posicionamiento geográfico facilita la llegada de estos menores a través de nuestras costas. Además, ya hemos denunciado en más de una ocasión que otros muchos llegan como mayores de edad a través de los programas de atención humanitaria de entidades del tercer sector, que una vez pisan nuestra comunidad reconocen ser menores de edad», ha insistido Camarero.

Con este contexto, desde la Generalitat han asegurado que en 2024 se atendieron más de 900 menores migrantes, con una media de permanencia de entre 480 y 490 menores. «Muchos de estos programas son de tipo temporal, pero en nuestro caso más de la mitad de ellos acaban a nuestro cargo», ha explicado. Con todo ello, Camarero ha afirmado que la ocupación media de los recursos de la Comunitat actuales se sitúa en un 160%. «En el último año hemos aumentado este número de plazas, que en la actualidad suponen un coste de 23 millones de euros al año. El Gobierno sólo nos envía para este asunio 1,3 millones», ha aseverado.

«Nuestro sistema no tiene capacidad de acoger el reparto que pretende imponer el Gobierno. Consideramos un maltrato institucional que nos impongan este asunto si no podemos abastecer la acogida de estos menores, que son los primeros que sufrirán las consecuencias por vivir hacinados», ha sentenciado la portavoz del Consell.

De esta manera, la Generalitat sigue los pasos que ya anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El acuerdo pactado hace dos semanas entre el Gobierno y Junts, y que establece un reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Canarias y Ceuta, fue considerado por Ayuso inconstitucional y que invade competencias exclusivas de la región, mismos argumentos ofrecidos desde el Consell.