La Generalitat quiere pagar más a los funcionarios que vayan al trabajo sin coche

Incentivos al uso de los modos de transporte sostenibles. De este motivo titula el Plan de Movilidad de la Generalitat para el complejo administrativo 9 d'Octubre una serie de propuestas que pretenden premiar a los funcionarios que acudan a trabajar a pie, en bici, o usando un medio de transporte público. En las torres y la antigua cárcel Modelo trabajan 2.500 personas.

El documento se publicó ayer para la presentación de alegaciones durante los próximos 20 días y sus propuestas desarrollan una encuesta realizada el pasado año a los trabajadores sobre los medios de transporte que utilizan durante la jornada laboral, entre otras cuestiones.

La Conselleria de Obras Públicas es la responsable del plan y pretende premiar a los funcionarios que opten por el transporte público o la movilidad sostenible (andando, bicicleta, etc.) con tres tipos de incentivos. El primero se denomina «monetario» y se centra en un pago anual por acudir a trabajar en modos de transporte sostenibles.

El segundo apartado habla, según el documento al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, a bonificación en tiempo, es decir, una «reducción en seis minutos de la jornada laboral, lo que supondría 30 minutos menos a la semana, aumentando el tiempo de cortesía en el fichaje». El tercero y último de los incentivos es aún más singular, al hablar de «obsequios (camisetas, maillots, cascos de bici, pulseras de actividad,...) entregados en algún acto a modo de reconocimiento social».

El propósito es que resulten beneficiarias «aquellas personas trabajadoras que acudieran diariamente en modos sostenibles sin hacer uso del vehículo privado. A todas ellas se les repartirá una nueva tarjeta de identificación de color verde, diferente de la de color blanco que utiliza en la actualidad la totalidad de la plantilla».

Por último, se comenta que aquellos trabajadores que «utilizan el parking actualmente y que decidieran acudir a trabajar en modos sostenibles también recibirían la tarjeta de identificación de color verde, cuando renuncien devolverían la tarjeta que da acceso al parking».

El documento se encuentra en exposición al público, por lo que es susceptible de registrar modificaciones, aunque el uso del vehículo privado por parte de los funcionarios es una de las preocupaciones que más se vislumbran en el plan. Así, la encuesta señala que el 64% del personal vive en la ciudad de Valencia, aunque el 40% opta por ir a trabajar en vehículo privado motorizado. Del 35% de la plantilla que vive en otros municipios, esto se dispara hasta el 70% por la falta de adecuadas conexiones de transporte público metropolitano. Los incentivos pretenden corregir estas cifras hasta el 30% y el 50% respectivamente, según se señala.

El complejo 9 d'Octubre dispone de un aparcamiento subterráneo de 620 plazas, donde pueden estacionar sólo funcionarios que lo soliciten previamente y por estricto orden de llegada hasta completar el aforo, inaccesible por la rampa que recae a la calle 9 d'Octubre. El plan prevé mantener este tipo de gestión, aunque con la introducción de cuatro plazas con cargadores eléctricos para la flota de vehículos oficiales y la plantilla. «En aras de promover los vehículos sostenibles» se ha previsto la reserva de otras cuatro para el personal, una cifra que se irá ampliando conforme aumente la utilización de estos vehículos.

La mejora del estacionamiento de bicicletas contra los robos y la intemperie es otra de las iniciativas de gestión propia que aparecen en el plan. A corto plazo se quieren destinar «habitáculos en las torres para que los trabajadores puedan dejar las bicicletas plegables y los patinetes. Además, se plantea implantar un proyecto piloto de Bicibox (sistema de aparcamientos seguros para bicicletas privadas) de uso exclusivo para la plantilla», en el que podrán dejar todo tipo de vehículos de movilidad personal con acceso al recinto mediante una tarjeta.

La intención es colocar cinco dispositivos, previo permiso del Ayuntamiento, eliminando plazas de aparcamiento del entorno inmediato. Fuentes conocedoras del proceso señalaron que se producen con cierta frecuencia robos en los aparcabicis situados junto a las torres de oficinas y la antigua cárcel, por lo que demandaron más patrullas policiales y de la seguridad del complejo.

A medio plazo se habla de la creación de un «equipamiento ligero seguro contra el robo, el vandalismo y la intemperie, ubicado en el aparcamiento de bicicletas en uno de los patios interiores del Edificio B», en referencia a uno de los edificio de ladrillo rehabilitados. La idea es aumentar el número de bornes y habilitar un acceso directo mediante tarjeta, que se dará sólo a los funcionarios que vayan a trabajar en bicicleta a sus puestos.