DM/EP
Viernes, 6 de enero 2023, 20:30
La Generalitat ha aumentado el número de personas beneficiarias que recibirán la Renta Valenciana de Inclusión gracias a una inyección de 70,4 millones de euros para ampliar el crédito por parte de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
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Así, el Consell ha llegado a un acuerdo para liberar 66 millones de euros, además de los cuatro liberados a finales del mes de diciembre de 2022, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
La directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, María José Cortell, ha destacado que esta prestación supone «un instrumento fundamental en la lucha contra la exclusión en la Comunitat, además de permitir dignificar a las personas que la perciben que ahora reciben en un único pago todas aquellas cantidades que puedan necesitar para hacer frente a sus obligaciones».
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En referencia a la compatibilidad de la RVI con el Ingreso Mínimo Vital, Cortell ha manifestado que el trabajo llevado a cabo desde la Generalitat ha sido, desde el inicio, con la intención de que la prestación del Gobierno central se desarrolle «sin dificultar la renta valenciana de inclusión, que es la gran herramienta de la que se dispone en la Comunitat Valenciana en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social y laboral de los colectivos más vulnerables».
Asimismo, ha subrayado que desde la Conselleria siempre se ha solicitado al gobierno una «cogestión» de ambas prestaciones y que existe una comisión de seguimiento «para armonizar ambas prestaciones con reuniones periódicas para evaluar y hacer un seguimiento del proceso».
Pilotem Comunitat Valenciana
En esta línea, la directora general ha remarcado el proyecto 'Pilotem Comunitat Valenciana' que se enmarca en el convenio firmado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social para colectivos específicos, aplicando en cada caso objetivos concretos y bien diferenciados para su posterior evaluación, que se adaptarán a las necesidades de cada uno de ellos.
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Con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, se ha priorizado como grupos específicos a las mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, jóvenes extutelados, personas sin hogar, familias vulnerables, personas con diversidad funcional o afectadas por enfermedades de salud mental, población LGTBI y personas prostituidas.
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