Sólo 11 inspectores para revisar más de 100.000 pisos turísticos en la Comunitat

La propia consellera de Turismo, Nuria Montes, reconoció en el acto de presentación del nuevo decreto ley que el cuerpo de inspectores del que disponía el Consell era «muy pequeño» para las funciones que debía desempeñar: hacer cumplir los requisitos y exigencias a todos aquellos apartamentos autorizados en el registro de la Conselleria así como combatir la oferta ilegal de estos inmuebles. Es por ello que Montes explicó que el personal de inspección se incrementará gracias a la colaboración de los ayuntamientos que solicitasen a la Generalitat la delegación de estas potestades.

Cabe recordar que, bien sean los agentes de Policía Local de cada uno de los municipios o los propios inspectores autonómicos, deberán asegurarse de que se cumplan algunas de las principales novedades introducidas en el nuevo texto legal que se hará efectivo dentro de cinco años. Además de revisar la vigencia de las declaraciones responsables de los propietarios, la prohibición del alquiler de la comercialización por habitaciones, tanto inspectores como policías deberán estar vigilantes a las nuevas condiciones de habilitadad impuestas sobre los inmuebles.

En el próximo lustro, las viviendas de uso turístico de la Comunitat deberán contar con un servicio de recepción, quedando así prohibida la entrega de las llaves del inmueble de uso turístico mediante un cajetín situado en la vía pública, un teléfono de atención al cliente 24 horas así como la conectividad a telefonía móvil y a Internet, «salvo que la vivienda se ubique en zona geográfica sin cobertura». Por último, el piso deberá estar equipado con una lavadora automática, servicio del que hasta ahora podían prescindir, salvo que la VUT se ubicara «en un bloque, o estructura análoga, que cuente con lavandería común que incluya lavadoras y secadoras a disposición de los clientes en el propio recinto». Todo ello además de vigilar que se cumplen las exigencias ya vigentes hasta la fecha.

No obstante, y como también anunció la titular del área de Turismo del ejecutivo valenciano, los consistorios que quisieran obtener las competencias entrarían a formar parte de un fondo de compensación financiera. Según informaron fuentes de Turismo, el citado recurso ya existe tras haberse puesto en marcha el pasado mes de junio. La partida estaría dotada con hasta cuatro millones de euros provenientes de una línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos.

Según la propia Conselleria, el objetivo de este crédito no finalista era «compensar el esfuerzo financiero en la prestación de servicios y en infraestructuras motivado por la actividad turística». Los importes serán recibidos por 71 municipios turísticos de la región y, en función de su categoría recogida en el Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat, reciben una cantidad u otra. Sin embargo, ahora tras la aprobación del nuevo decreto, el Consell estudia modificar y ampliar la cuantía de estos fondos de cara a los próximos presupuestos para incorporar el coste de las competencias de inspección, sanción y recaudación delegadas en los ayuntamientos.

Los beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos serían aquellas localidades «que han acreditado el cumplimiento de unos requisitos concretos tanto cuantitativos como cualitativos, y referentes a población turística, plazas de alojamiento turístico, kilómetros de playa litoral o continental, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local». Además, de haber asumido los compromisos incluidos en el Código Ético del Turismo Valenciano así como su contribución al turismo sostenible e inclusivo, con fundamento en el principio de hospitalidad.

Otras de las medidas orientadas a favorecer el municipalismo de la nueva regulación de las viviendas turísticas de la Comunitat, reside en que Turismo enviará informes de manera trimestral a cada ayuntamiento que haya querido asumir voluntariamente las potestades delegadas para notificarles los pisos turísticos dados de alta en su municipio para que estos puedan monitorizar la cantidad de inmuebles de arrendamiento vacacional que se han dado de alta en el mercado inmobiliario local.

A su vez, Montes expresó que el actual Consell «no cree en prohibiciones» al considerar que cada ayuntamiento «podrá establecer limitaciones proporcionales teniendo claros los objetivos y avisando con anterioridad a los propietarios», en referencia a posicionarse contraria a los vetos implementados a este fenómeno en alguna localidad de la Comunitat como Quart de Poblet.